Nos están envenenando. Nos estamos dejando envenenar en función de la economía doméstica. Y, lo peor, las autoridades, en especial la autoridad sanitaria, no está poniendo el celo que debiera en evitar los fraudes en materia de alimentación. Consintiendo como consiente que el aceite de palma figure en la mayoría de alimentos, además de en cosmética y en multitud de productos de uso cotidiano, demuestra lo poco o nada que le importa nuestra salud.
La autoridad competente en la Junta de Castilla y León, debiera estar alerta en lugar de dormirse en los laureles. Porque en Castilla y León los fraudes están a la orden del día. Lo que pasa es que a veces no interesa tirar de la manta porque el culpable es algún amigo, algún familiar, algún conocido de algún amigo y ahí nos las dan todas. En política, como en los negocios, no debieran existir los amigos, sabiendo que la línea recta de los comportamientos se puede torcer con demasiada facilidad.
Ahora le ha tocado a los productos ultracongelados. Hamburguesas, albóndigas y otros productos por el estilo que, según su etiquetado, eran de carne de vacuno, se supone que de total garantía y calidad, resulta que estaban elaboradas con materias de muy baja calidad. Vamos, que en lugar de vacuno contenían porcino, grasas, soja y complementos panarios, es decir, grasas comestibles, azúcares, malta, etc., que se utilizan para la fabricación del pan.
Como de costumbre, ha tenido que ser la Guardia Civil quien pusiera al descubierto el fraude alimentario a escala nacional, que se ha saldado con la detención de catorce personas que han pasado a disposición judicial por los presuntos delitos de Estafa y Contra los Derechos de los Consumidores. Y si antes ponía el acento en el trabajo de la Junta de Castilla y León es porque la empresa cárnica responsable del engaño, la que metía gato por liebre, está ubicada en Burgos y se llama, Eurofrits, S.A. Los listos estos comercializaban productos de baja calidad en lugar de la carne de vacuno que decían contener. Ahora, con echarle la culpa a un error de etiquetado, creen que se van a ir de rositas. La Administración autonómica no puede consentirlo.
La Guardia Civil que es de la que en verdad me fío, debería echar un vistazo a fábricas de toda la comunidad, sin dejar al margen Zamora, a lo mejor descubríamos que los que engañan, que los que cometen fraude son más de los que nos creemos. Lo que indigna es que ciertos componentes de algunos alimentos estén autorizados, sean "legales". Vaya tragadera más amplia tiene la Administración, con lo estrechita y obturada que la tiene para lo realmente relevante. Muchos más que tienen que ir saliendo elaboran sus productos contra la salud de los consumidores. Y ya vale.
