No encuentro palabra más grave que dignidad para referirles la vergüenza que siento. El Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 comienza así: "Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana". Después, en el artículo primero se afirma que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, además de estar dotados de razón y conciencia, por lo que debemos comportarnos fraternalmente. No obstante, ¿se puede perder la dignidad? ¿Podemos actuar indignamente? ¿Pueden atentar contra nuestra dignidad?
Pues, con sinceridad, me temo que la respuesta las tres preguntas puede ser afirmativa. No me atrevo a valorar las cuestiones referidas al ámbito de las decisiones particulares. Me intereso, en cambio, por la esfera de la vida pública y por cómo las decisiones y conductas de nuestros representantes políticos, pueden llegar a suponer una auténtica agresión a la dignidad de la ciudadanía.
Desde hace algunos años contemplamos estupefactos el bochorno de la corrupción en España. Hemos asistido a todas las formas de uso y abuso del poder político y económico, en unas u otras instituciones, por gobiernos llamados de izquierdas o de derechas, también por nacionalistas, véase CiU y el clan de los Pujol -mientras repaso estas líneas, el juez ordena el ingreso en prisión del mayor de los hermanos-; daba igual, metían mano en las cajas de ahorros, en las empresas públicas, en ayuntamientos o autonomías. Tenían estrategias para todos los escenarios. Se llevaban dinero a su bolsillo o a paraísos fiscales, pagaban con fondos públicos campañas electorales o sus viajes de placer. Han llegado a montar un sistema de financiación ilegal del partido, caso del PP, durante más de veinte años y está documentado y probado en sede judicial.
Lo que ya me parece insoportable para un país con dignidad es el espectáculo de las últimas semanas. La detención y encarcelamiento del anterior presidente de la comunidad de Madrid, ha destapado la más obscena forma de robo en una institución pública. Se actuaba con descaro mientras se tejía una tela de araña que servía para avisar de peligros o denuncias. Se utilizaban testaferros, sociedades interpuestas o préstamos falsos a familiares. Además, para mayor escarnio de los poderes públicos, contaban con chivatos y avisadores de cualquier procedimiento que pudiera afectarles. Hasta el fiscal anticorrupción aparece como amigo del preso Ignacio González o el propio ministro de Justicia, Catalá, le envía un mensaje de apoyo cuando ya en noviembre está siendo investigado. Esta connivencia de los corruptos con el poder judicial es muy grave y el daño a las instituciones democráticas, brutal.
Por dignidad, exijamos a nuestros representantes en el congreso de los diputados una salida creíble para esta emergencia democrática. Necesitamos un acuerdo político que nos devuelva la confianza en el sistema. La sociedad civil y sus representantes, tiene que obligar a buscar una salida a esta desmoralización, estamos perdiendo el pulso vital. Rajoy es parte importante del problema, ha consentido y defendido a los corruptos, carece de credibilidad, ha mentido reiteradamente y de su mano jamás saldremos de la postración. La prueba la tenemos en su antagonista Esperanza Aguirre, que paralelamente, en el ámbito madrileño, prestó apoyo a los corrompidos Granados y González hasta que fueron detenidos. Por fin dimite y se declara víctima de sus protegidos. Qué cínica, ella que todo lo controlaba, se marcha por no vigilar mejor a sus cargos de confianza. Debe hacer lo mismo el presidente del Gobierno.
Lo lamentable de la situación no son solo estos ladrones, sino el entramado que ha corrompido a todo el Partido Popular. Unos consiguen fondos para el partido al tiempo que se corrompen personalmente, otros se valen de información de las trampas para chantajear a sus rivales y ganar poder dentro del partido y los de más allá, operan para que todo parezca un asunto de particulares demasiado ambiciosos, tipo Bárcenas. Pero no, estamos ante un asunto que afecta al PP como organización y es obligado que reconozcan su endémica e ilegal financiación, así como su corrupción estructural. Se lo deben a sus votantes, que cuando les dan el voto a sabiendas de su iniquidad ¿no estarán ellos también perdiendo el valor inalienable de la dignidad? Se lo deben a España.
