No me veo yo al alcalde de Zamora creando un fichero informático con datos de carácter personal de agentes de la Guardia Urbana que comanda Tomás Antón. Eso constituiría una vulneración de los derechos fundamentales. Sin embargo hay alcaldes que van más allá de sus competencias, que constantemente cruzan líneas rojas del todo peligrosas, que no se detienen en barras cuando de conseguir objetivos de dudosa catadura se trata. A quien se le da de perlas es a la otrora agitadora social, Ada Colau, eximia alcaldesa de la Ciudad Condal.

El fichero en cuestión, que ya ha sido cuestionado por la propia Guardia Urbana, el Csif y buena parte de la oposición encabezada por el Partido Popular, incorpora información sensible que pertenece a la más estricta intimidad, privacidad o como usted quiera de todos y cada uno de los agentes. Esa información pasa por el número de propiedades, historial académico y médico, suscripciones, ideología, creencias religiosas y vida sexual, entre otras. Al parecer y en principio afectará a los policías que estén bajo una investigación penal o administrativa por parte del Cuerpo, aunque su expediente esté ya cerrado o archivado. Eso es rizar el rizo. Eso es meterse en camisas de once varas que no son competencia del Consistorio.

El Consistorio se defiende diciendo que la intención es proteger al máximo la información obtenida a la que incorporará vídeos, audios y distintos elementos de las redes sociales. Quién puede creer a pies juntillas en la protección total de información tan sensible después de que en su propio despacho se llegara a grabar al mismísimo ministro del Interior, filtrando con posterioridad la grabación obtenida por la que ha debido comparecer en el Congreso de los Diputados. Cuanta menos información personal se tenga, mejor. Porque esa es una forma de exposición peligrosa que en este caso que nos ocupa puede afectar a datos personales de otros policías como Mossos o personas implicadas en estas actuaciones.

Eso es lo que pretende esta izquierda populista que aspira a gobernarnos. Tenernos controlados incluso en lo más íntimo. Sólo les queda poner cámaras en los baños y en los dormitorios, sobre todo de aquellos que sean su responsabilidad como policía y otros miembros de las distintas administraciones. ¿Dónde coños queda la protección de datos si resulta que otros organismos pueden consultar esa información? Ni me convencen ni me gustan estas intromisiones en el terreno de la privacidad. Es que a este paso no vamos a tener vida privada, va a ser del dominio público. Allá los snobs que lo cuentan todo en las redes sociales, ese es su problema, pero los que huimos de semejante exposición gratuita no tenemos porqué soportar intromisiones de ningún tipo. No me extraña que el Csif considere que fichero tal atenta contra la Constitución. Con un agravante más, el fichero de la discordia, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona podrá ser gestionado por el Consistorio o por una empresa contratada específicamente para realizar el servicio, por lo tanto la adjudicataria tendría acceso a esta información sensible.

La amenaza del "gran hermano" pesa sobre las cabezas de la Guardia Urbana catalana, pero también sobre todas nuestras cabezas. La información es poder y cuanta más tengan los que están arriba, mejor para sus fines y propósitos. A lo mejor es que a eso hay que llamarlo también libertad de expresión, en la que viven acogidos, precisamente los que están buscando coartar nuestras libertades. ¡Virgencita, que nos quedemos como estamos!