Siguiendo las pautas marcadas por los constitucionalistas, podíamos partir de los comienzos del siglo XIX para conocer los orígenes del constitucionalismo en España, aunque muchos autores señalan como primera Constitución la de 1812, no debemos ignorar que el Estatuto de Bayona de 1808, otorgado por José Bonaparte, pudiera tener carácter de Constitución, aunque no llegó a estar realmente vigente.

La Constitución de 1812, conocida como "La Pepa" por haber sido promulgada en Cádiz, el 19 de marzo de 1812, tuvo fases de vigencia y derogación por los largos trechos de absolutismo en los que Fernando VII se enfrentaba a los liberales, porque aquella fue una Constitución liberal, modelo de liberalismo en Europa.

Luego vino el llamado Periodo Isabelino, de 1833 a 1868, que estuvo jalonado por tres textos: el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845, a las que habría que añadir la Constitución no promulgada de 1856. Este periodo caracterizó las Constituciones por un sistema político conservador basado en el principio de la soberanía que aplicaba fórmulas abstractas a la gobernación del pueblo considerado como súbdito, es decir, dominado por el doctrinarismo.

Llegó el Sexenio Revolucionario, de 1868 a 1874, en el que había un intento de liberalismo democrático, en el que se destronó a Isabel II y se entronizó una monarquía nueva que resultó efímera, con Amadeo I de Saboya. La situación política derivó a la instauración de la Primera República, también de corta duración, en la que no consiguió aprobar su propia Constitución, que quedó en Proyecto (11 de febrero de 1873 a 29 de diciembre de 1874 )

El Pronunciamiento de Martínez Campos dio comienzo a la restauración de la monarquía borbónica. Con la llegada de Alfonso XII dio comienzo la Constitución de 1876, un texto que buscaba una solución política controlada, conservadora en materia de derechos y libertades, permitiendo el avance liberal de éstas. El régimen restauracionista hizo crisis que desembarcó en la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).

A la llegada de la Segunda República, nace una nueva Constitución en 1931, cuya vigencia duró hasta la sublevación militar de 1936. El régimen del General Franco, que muchos calificaron de Dictadura, cuyo régimen no puede llamarse constitucional, estuvo regido por siete Leyes Fundamentales: Ley Constitutiva de las Cortes, Fuero de los Españoles, Ley de Referendo Nacional, Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, Ley de Principios Fundamentales del Movimiento, Ley Orgánica del Estado y Fuero del Trabajo.

La Constitución Española de 1978, es la Norma Suprema del ordenamiento político español, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España. Está en vigor desde el 29 de diciembre de 1978, fecha en la que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado. La publicación de la Constitución implicó la culminación de la transición a la Democracia, es decir la transformación del anterior régimen dictatorial en un Estado Social y Democrático de Derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la Libertad, la Justicia, la Igualdad y el Pluralismo político, tal y como proclama el artículo primero de la Constitución.