Tras el aluvión informativo anterior a las elecciones de junio del año pasado sobre la desastrosa situación que vive Venezuela bajo el régimen chavista y al que España estaba abocada si votaba a Podemos, las noticias de aquel país casi desaparecieron por completo, una vez comprobado que el partido de Iglesias quedaba lejos de cualquier expectativa de poder. La campaña había dado resultado, aunque era innecesaria, en el fondo, porque Podemos no necesitaba ser desacreditado dado que, como luego se ha ido viendo, se basta y sobra para desacreditarse a sí mismo. Desde entonces, solo ha habido alguna referencia, casi siempre sobre ataques del presidente Maduro a España o a Rajoy, referencias impulsadas la mayor parte de las veces por la oposición conservadora que perdió el poder hace 18 años y que no se resigna al gobierno del pueblo pese a que se ratifique en las urnas. Fuera de eso, nada, aunque ya se sabe que por aquí lo que ocurre en los países hispanoamericanos no interesa apenas. Ahí están los graves disturbios que están ocurriendo en Paraguay, con un muerto y el congreso en llamas, porque el presidente quiere reformar la Constitución para poder optar otros cuatro años más a la reelección.

Pero hace unos días saltó Venezuela otra vez a la palestra, un país con petróleo, que fue muy rico y ahora es muy pobre, sin que se comprenda muy bien porqué y donde existe una muy numerosa colonia de emigrantes españoles. Esta vez, la noticia no era solo de impacto en nuestro país, pues todo el mundo se hizo eco, lógicamente, de cuanto representaba el hecho de que el Tribunal Supremo venezolano disolviese por desacato la asamblea nacional, con mayoría de la oposición, lo que entregaba de hecho el poder total y totalitario a Maduro, constituyendo prácticamente una auténtica dictadura. En Venezuela, los jueces del Supremo son nombrados por el Gobierno, algo que no es desconocido por estos lares, lo que ahondó las sospechas de ser una forma de golpe de estado encubierto. Algunos países cercanos retiraron sus embajadores, Europa se mantuvo a la expectativa, y Rajoy, menudo es él, recordó a través de un twist que cuando los poderes no son independientes se rompe la democracia.

Parece que comprendieron enseguida que se había pasado un montón, pues hasta la fiscal general, una chavista, por supuesto, tuvo que llamar la atención sobre la gravedad del asunto. Ante lo cual a Maduro y los suyos no les ha quedado otra que pedir al Supremo que revisen y deroguen su actuación, un paso atrás obligado ante la reacción habida, y que hará que los jueces vuelvan al punto de partida y las cosas sigan como estaban. O no, porque lo fácil es que tras lo sucedido, aunque se remedie si es que se remedia, la situación del Gobierno se haga cada día más débil y comprometida tras haber enseñado al mundo su verdadera faz y sus burdos manejos hacia la construcción de una dictadura socialista en la que la oposición no ocupe lugar. Aunque haya salido de las urnas todo da a entender que al régimen de Chaves y Maduro no les queda ya mucha trayectoria de futuro, dada la falta de medios y recursos que tienen por delante, así como el empoderamiento conservador que sale muy reforzado.