Como cada día miro el contenido del buzón, entre las cartas y folletos publicitarios hay un "aviso de llegada" de Correos. Se trata de un impreso en el que figura el destinatario y los datos del envío, con su origen y el remitente. Es el anuncio de un certificado que al no estar nadie en casa, se nos notifica la situación del envío y cómo debemos recogerlo.
El apartado "b" dice que "puede pasar a retirarlo en la oficina (ver reverso)". Lo miro y pone: "preguntar al cartero al paso". Vaya, qué expresión tan curiosa. Un poco perplejo decido llamar al teléfono que aparece al lado del críptico mensaje. Contesta el encargado de los carteros de zona, nos insta a que mañana estemos pendientes de la repartidora de cartas y otros avisos. Le pregunto a qué hora pasará por nuestro domicilio y responde que no lo puede saber pues debe atender varios pueblos. Comento que en nuestra casa trabajamos fuera y que nos será imposible estar atentos al paso de la cartera ¿será lento, cadencioso, veloz? Pido que me dé una alternativa y me ofrezco a pasar por la oficina de Benavente al objeto de retirar el certificado. Dice que eso no es posible, no da otra opción y me siento como Josef K., el protagonista de "El proceso" de Franz Kafka, cuando se ve arrestado por razones que desconoce, no sabe de qué se le acusa ni ante quién debe apelar.
La casualidad hizo que dos días más tarde me tropezara con la cartera. Fue muy atenta y manifestó su voluntad de evitar episodios como el relatado. Ella y las personas que se ocupan del reparto domiciliario son las primeras víctimas de la precariedad de medios con que se atiende este servicio público, sobre todo en los pueblos. Deben atender varios, no cuentan con despachos en los que realizar las tareas de administración o entrega de certificados. Se convierten en oficinas ambulantes con responsabilidades de todo tipo. Pero son las normas, nos dijo un alto cargo de Correos en Madrid. Por supuesto que debíamos poner una reclamación en su página web. No le preocupaba en absoluto.
Estamos ante una muestra más de cómo se presta un servicio que no queda más remedio que cubrir, por imperativo social, pero se hace de cualquier manera, generando trastornos e indefensión a la ciudadanía que vive en los lugares más despoblados. Atender estas zonas debe resultar deficitario, aunque quien se ocupe de esta tarea sea una empresa de capital público, perteneciente al SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Se trata de Correos, con una plantilla de más de cincuenta mil personas, operador designado para prestar el servicio postal universal. Cuando se liberalizaron y privatizaron los servicios postales en España lo más rentable pasó a ser gestionado por empresas privadas y aquello que podía ocasionar déficit quedó en manos del Estado. Como siempre, la parte no rentable debe ser asumida por los contribuyentes, que como les relato, también sufrimos las deficiencias e incoherencias en la gestión. Conozco casos que ilustran muy bien el perjuicio que ocasiona la devoluciónde un aviso certificado: la pérdida de una consulta médica, la sanción administrativa por parte de Hacienda o la multa del juzgado por no personarse en día y hora.
Al paso, vamos perdiendo calidad de vida en el medio rural, poco a poco, pero sin cesar. No es que resulte kafkiano recoger un certificado postal, es que comenzamos a tener dificultades para acceder a las consultas médicas con regularidad. Los médicos y enfermeras deben atender a una población muy dispersa, se les obliga a cubrir las bajas o vacaciones de otros sanitarios doblando turnos. Las autoridades del Sacyl nos dicen que están obligados a "optimizar los recursos". Me parece que quiere decir contratar menos personal y, si nos descuidamos, cerrar consultorios, camas o plantas enteras de un hospital. Eso quieren hacer en Benavente, eso habrían hecho ya de no existir la Asociación por la Sanidad Pública, con varias plataformas comarcales en la provincia de Zamora, que convocó con inmediatez a los vecinos para impedir mediante concentraciones diarias, el cierre de la primera planta de este remodelado hospital. Es muy loable que alcaldes de los pueblos de todo signo político, representantes de sindicatos y partidos, así como personas integrantes de colectivos vecinales y otras asociaciones, se unan en defensa de la sanidad. Sabido es que la vida democrática supone permanente atención y cuidado de los derechos y servicios públicos universales. Más, si nuestros gobernantes han decidido poner en el mercado la asistencia sanitaria, la educación pública ola dependencia, como antaño hicieron con Correos. De nosotros depende, de nuestro compromiso con la vida en nuestros pueblos, salir al paso de carteros, gerentes, consejeros o presidentes. Y pararlos.
