Ha sido ahora la inevitable Esperanza Aguirre quien ha vuelto a poner el dedo en la llaga acerca del gravísimo problema sin solución que sigue teniendo España: sus 17 autonomías, el error, el inmenso error de la Transición que nunca se dejará de pagar precisamente por parte de aquellos que nada tuvieron que ver en tan surrealista, equivocada y carísima decisión, inviable económicamente desde cualquier punto de vista como ya dijera en una ocasión el expresidente Aznar.
La legítima ansia democrática de la mayoría, pero, sobre todo, el fervor de los conversos mostrado por Suárez propiciaron el disparate del café para todos, cuando tenía que haber sido café para nadie, pues ninguna necesidad había de repetir el disparate histórico de la República reconociendo nacionalidades, inexistentes por lo demás, a Cataluña y País Vasco, lo que era cimentar las bases del independentismo que no tardaría en volver a rebrotar. Pero una vez consumado el desatino se acabó de redondear con la división del país en 17 comunidades, nada menos, sin que a nadie, al parecer, se le ocurriera pensar de donde iban a salir los fondos para pagar ese inmenso gasto.
La Constitución se aprobó por rotunda mayoría, pero ya en la ciudadanía se había instalado un sentimiento de incomprensión hacia esa ordenación territorial de España, innecesaria por lo demás, con la única justificación, injustificable, de la descentralización, y un temor de que la nueva organización podría convertirse en la ruina de España. Como así ha sido. Las comunidades autónomas con sus dispendios y despilfarros incontrolados han sido y continúan siendo el principal motivo de la deuda pública nacional, la mayor de toda su historia. Aparte de haberse convertido en el principal foco de corrupción, empezando por la socialista Andalucía y siguiendo por Madrid, Valencia, Baleares, y casi todas las demás, sin salvarse, ni mucho menos, Castilla y León.
Pese a ello, ni el partido en el Gobierno ni la oposición más radical, la de Podemos, se han pronunciado jamás en contra de las autonomías. Un tiempo hubo, con Gobierno del PSOE, en que se llegó a hablar de concentrar territorios y reducir Gobiernos y parlamentos regionales, y hasta se hicieron estudios sobre el asunto, pero enseguida se olvidó la cuestión. Y es que ningún político, ni de uno ni de otro bando, tiene el menor interés en la desaparición de las comunidades, que son un vivero eficaz de clientelismo y votos, y en las que siempre tienen acogida familiares, amigos, compañeros, sindicalistas, enchufados y paniaguados de toda laya. Que han multiplicado la administración oficial y la paralela en un cínico ejercicio de opacidad que aun se mantiene, añadiendo toda clase además de instituciones y entidades duplicadas con la administración central.
Un pozo sin fondo, un caos, en el que todos medran, y ya fatalmente inevitable, pues solo un partido, el derechista Vox defiende un retorno a un único Gobierno de la nación, idea por la que ha sido brutalmente boicoteado. Aguirre, por oportunista que sea, tiene toda la razón.
