Como antecedente de la Seguridad Social en España podemos tomar la Comisión de Reformas Sociales que en 1883 se encargó del estudio para la mejora y el bienestar de la clase obrera. No sería hasta 1900 cuando se creó el primer seguro social regulado por la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, la "Ley Dato", de la que el conde de Romanones vaticinó que sería una inutilidad, pero se equivocó porque fue el punto de partida del conjunto de las mejoras sociales en España.
En 1905 se crea el Instituto de Reformas Sociales y en 1908 nace el Instituto Nacional de Previsión creado por Antonio Maura por Ley de 27 de febrero de 1908 que promulgó el rey Alfonso XIII.
En 1919 se crea el Retiro Obrero Obligatorio, gestionado por el INP y destinado a asalariados de 16 a 65 años cuya retribución no superara cierto límite. Este seguro protegía la vejez por razones de edad. La financiación era mixta con participación de la Empresa y el Estado.
En el periodo de 1932 a 1935 el Gobierno de la Segunda República encargó al INP un proyecto de unificación y coordinación de los seguros sociales que no se completó por la llegada de la Guerra Civil.
En 1939, el antiguo Retiro Obrero se transforma en Subsidio de Vejez y ocho años después, en 1947, éste se configuró como Seguro de Vejez e Invalidez SOVI, gestionados todos ellos por el INP. Fue en los años de 1939 a 1947 cuando se estableció la cotización de diez céntimos diarios por cada trabajador, de ahí que fuera llamado vulgarmente de la perra gorda.
En 1955 se establece la pensión de Viudedad que requería unas drásticas condiciones para tener acceso a ella.
Actualmente, la Seguridad Social se extiende a todos los ciudadanos, conforme proclama el artículo 41 de la Constitución Española: "Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en casos de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres". Por otra parte, el artículo 149.1.17 establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
En 1995 se firma el Pacto de Toledo, con el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales, que tuvo como consecuencia importantes cambios y el establecimiento de una hoja de ruta para asegurar la estabilidad financiera y las prestaciones futuras de la Seguridad Social.
La Unión Europea establece una serie de normas comunes que protegen los derechos de Seguridad Social de los ciudadanos cuando se desplazan por Europa. Los cuatro grandes principios de la coordinación europea de Seguridad Social son:
- Solo se puede estar cubierto por la normativa de un país a la vez, de modo que solo se cotiza en un país.
- Cada uno tiene los mismos derechos y obligaciones que los nacionales del país donde esté cubierto; es lo que se denomina principio de igualdad de trato o no discriminación.
- Cuando se solicita una prestación, debe contabilizarse, en su caso, los periodos anteriores de seguro, trabajo o residencia en otros países.
- En general, si se tiene derecho a una prestación en metálico en un país, puede seguir percibiéndose aunque se resida en otro . Es lo que se denomina principio de exportabilidad.
Recientemente, el gobernador del Banco de España opinaba sobre la situación de la Seguridad Social, sus precarias finanzas y las medidas a adoptar para resolver la situación. Pedía retrasar la edad de jubilación y complementar con planes de pensiones privados.
El portavoz del Partido Popular Gerardo Camps, antiguo secretario de Estado de la Seguridad Social dice no ser partidario de elevar la edad de jubilación por razón de que el factor de sostenibilidad, que tiene en cuenta los factores demográficos de lo cotizado y el número de años trabajados, es suficiente para garantizar las pensiones.
El Pacto de Toledo espera tener en breve plazo, mes de marzo, un plan de sostenibilidad de las pensiones. Ese es el compromiso sellado por todos los grupos que integran el grupo de trabajo dedicado al seguimiento y evaluación de los Pactos de Toledo según la Presidenta de la Comisión, Celia Villalobos.
