15 de noviembre de 2016
15.11.2016
40 Años
Día tras día

La burbuja política

El alto coste de los asesores del Gobierno central y autonómicos

15.11.2016 | 00:12
La burbuja política

Mientras Rajoy admite, con displicencia, que habrá que volver a los recortes en los servicios públicos pues Bruselas exige un ahorro de 5.500 millones para el año que viene, y mientras preocupa cómo se pagarán los pensiones cuando la hucha se acabe a partir de 2017, todo lo cual tendrá solución con otra subida de impuestos, se sabe por el sindicato independiente de funcionarios que en las diversas administraciones existe una inmensa legión de asesores contratados a dedo entre parientes, amigos y compañeros de partido. Más de 20.000 asesores es la cifra que siempre se ha dado como referencia en los últimos tiempos, tanto con el PP como antes con el PSOE, repartidos entre el Gobierno de la nación, las autonomías, ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas, fundaciones y demás instituciones, organismos y entidades oficiales. En total, más de 1.000 millones de euros cuesta al Estado, cada año, esta administración paralela, esta gran burbuja política que se sigue inflando. Perciben tales enchufados una media de 3.000 euros mensuales en un país en el que junto a los casi cuatro millones de parados existen otros cuatro millones de trabajadores que apenas superan los 1.215 euros brutos al mes.

Y no, no es el Gobierno central el que ostenta los mayores niveles de gasto en este sentido, sino los gobiernillos de las 17 comunidades, los 17 reinos de taifas que arruinan el país con dispendios incontrolados e insostenibles. Ayuntamientos y diputaciones, les van a la zaga. Con un dato esclarecedor: los nuevos partidos, esos que querían sustituir a la casta política actual y gobernar con nuevos modos y maneras, en cuanto han accedido al poder en las administraciones locales y regionales han hecho absolutamente lo mismo y con igual o más descaro. Algunos ejemplos publicados: la alcaldesa Colau, de Barcelona, tiene una asesora para asuntos de feminismo, homosexualidad, transexuales y demás que cobra 50.790 euros al año; el Gobierno de Aragón dispone de un asesor gráfico, toma ya, por 54.098 euros anuales; un asesor de servicios sociales en el Ayuntamiento de Madrid percibe 61.502 euros; y en Cantabria un asesor del dicharachero presidente de la comunidad tiene asignados 59.652 euros al año. Y esto son solo algunos ejemplos, pues a diversas comunidades, entre ellas las de Castilla y León, no hay forma de sacarles información precisa y concreta. Un diario digital contaba hace unos días cómo no consigue que se le faciliten datos sobre cuántos asesores tiene el presidente Herrera.

Gente que no tiene horario, que no ficha, que entra y sale cuando le da la gana al despacho del jefe, y que cobra a fin de mes, puede hallarse por todos los lados en los que haya algo que rascar. Los auténticos funcionarios, los de carrera y oposición, se ven relegados por esta plaga de advenedizos dispuestos a medrar como sea. Aducen que sus contratos son temporales, que dependen de los cambios y nombramientos, y así es, en general, aunque son bastantes los que una vez que meten la cabeza consiguen quedarse ya para siempre. La reflexión es fácil: cuando tantos asesores necesitan, es que los políticos que les nombran deben ser aun más incompetentes de lo que parecen.

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