Las hortensias del jardín aún no han perdido las hojas. El verde claro del verano se ha vuelto cobrizo y la textura, arrugada. Las mariquitas han alzado el vuelo y ya no descansan sobre sus hojas. Aunque el tiempo es todavía templado, se han retirado a invernar, pues atisban los nubarrones y el frío que llegarán a partir del fin de semana.

Sin que parezca importarle el pardo rugoso de las hortensias o la desaparición de las mariquitas, Rajoy dio a conocer el jueves a la opinión pública, tras informar al rey, la nómina de los elegidos. Había mucha expectación por saber los nombres de los nuevos y de los caídos con agradecimiento por los servicios prestados. Fernández Díaz, Morenés y Margallo se van y entregan su cartera a Juan Ignacio Zoido, Dolores de Cospedal y Alfonso Dastis. Se incorporan también Álvaro Nadal, Íñigo de la Serna y Dolors Montserrat. Nuevos y veteranos deberán bregar en momentos difíciles, con unos compromisos externos ineludibles y unos retos internos perentorios. Rajoy ha prescindido de los tres ministros más controvertidos, ha incorporado a deudos y afectos y ha reordenado algunas funciones de los conocidos, pero no se adivina renovación y especial predisposición al diálogo entre los nuevos. Con una minoría parlamentaria y unos socios y aliados temporales o recelosos, necesitarán mucho talento y habilidad negociadora para sacar adelante sus proyectos.

Nuestra Constitución sanciona que la responsabilidad del Gobierno es colegiada, pero sabemos que es el presidente quien autoriza o reprueba las decisiones. En el discurso de investidura, Rajoy pidió, no un cheque en blanco, pero sí un Gobierno que pudiera gobernar, y apeló a la responsabilidad de todos. Ofreció diálogo y se comprometió a corregir, mejorar y negociar "todo lo que sea razonable", pero advirtió a sus señorías que la negociación y el acuerdo, además de ceñirse a "los límites que la realidad nos impone", debe hacerlo a un límite que él se asigna: "No se puede pretender que gobierne yo y traicione mi propio proyecto político".

Ni al PSOE ni a Ciudadanos les ha gustado el nuevo equipo. A los socialistas les parece una apuesta por la continuidad con lo peor de la legislatura pasada, los responsables de los recortes, de la reforma laboral y de la ley de Educación que rechazan; a los segundos, les gusta la fluidez en la comunicación, porque incorpora a tres miembros de la comisión negociadora del pacto por la investidura, pero les decepciona que continúe Montoro, el responsable de la amnistía fiscal, y que entre los nuevos no se descubra ningún convencido de la regeneración. Ni el PSOE ni Ciudadanos le van a pedir a Rajoy que traicione su proyecto político, pero sí que corrija "lo que merezca corrección", que mejore "lo que sea mejorable" y que ceda en "lo que sea razonable". Ni la unidad de España, ni la igualdad de los españoles, ni la estabilidad de las cuentas públicas, ni los compromisos con la UE serán puestos en cuestión. Pero deberá entender que ese límite añadido que él se antepone no puede imponérselo a quienes demanda su ineludible apoyo. Él es quien tiene la responsabilidad de gobierno, por supuesto, pero los españoles le hemos dado un mandato de negociación y acuerdo, y este mandato forma parte del límite de la realidad que con tanta agudeza percibe.

No parece transgredir ese límite, ni el suyo propio, pedirle que exija a las grandes fortunas que se acogieron a la amnistía fiscal -como él mismo propuso- el 10% del dinero repatriado en lugar del 3% que aportaron. Tampoco, disminuir las deducciones a las grandes empresas, para que incrementen su contribución a la carga fiscal, ni llegar a un acuerdo con la comunidad educativa y la oposición política para un pacto de Estado sobre la Educación, o incorporar al presupuesto una mínima cantidad contra la pobreza infantil, añadir un complemento salarial a las rentas más bajas y agilizar la implantación de los cheques de formación para los desempleados de larga duración. No cercena, asimismo, los límites de la realidad reformar la Ley de contratos públicos para mejorar su publicidad y la libre concurrencia, eliminar los aforamientos, acabar con los indultos por corrupción, expulsar de sus cargos a los gobernantes imputados por corrupción, limitar los mandatos presidenciales y de cargos públicos o reformar la ley electoral para que la voluntad estatal se parezca más a la voluntad general. Y tampoco, abordar la cuestión catalana con firmeza y templanza.

Todas estas medidas, de no difícil acuerdo y perentoria implementación, no solo no perjudican a los españoles, ni quebrantan la estabilidad presupuestaria, ni menos aún impiden el cumplimiento de nuestros compromisos con los socios europeos, sino que nos traerán mayor bienestar, limitarán la exclusión y el sufrimiento sociales e iniciarán el camino de la regeneración de nuestra democracia, para que la desafección ciudadana, que es el caldo de cultivo del populismo, disminuya, y extremistas, independentistas y antisistema no puedan decir que aquellos que democráticamente elegimos nos les representan.