Parece ser que entre los proyectos que más o menos secretamente, discretamente en todo caso, estaban barajando el PSOE de Pedro Sánchez y Podemos como primer paso serio para un Gobierno alternativo de cambio, se encontraba subir un l, 5 por ciento de las pensiones a primeros de año. Caído el secretario general y candidato socialista, y roto y hundido el partido, es difícil que el plan se continúe en las Cortes. En todo caso, el Gobierno del PP que se formará dentro de unos días aumentará el habitual 0,25% de las pensiones, una limosna de carácter político, que viene siendo sostenida por el hecho de que el índice de precios al consumo lleva estancado algunos años lo que permite mantener el nivel adquisitivo de los jubilados. Hasta aquí se ha llegado, sin embargo, porque en las previsiones enviadas por Rajoy a Bruselas se contempla un aumento de casi el 2% en el costo de la vida.

Algo que causa alarma lógica entre los pensionistas, cada vez más preocupados y temerosos por lo que pueda ocurrir de ahora en adelante. Claro que esto no es nada si se compara con la alarma social que ha producido el saber que igualmente entre las previsiones económicas del Gobierno en funciones se da por finiquitada, acabada, agotada en 2017, la hucha de las pensiones, el fondo de reserva con el que se está manteniendo la Seguridad Social, cuyo déficit para el presente año se calcula en torno a los 19.000 millones de euros, una cifra que supera todas las anteriores. En 2011, al finalizar la época de las burbujas doradas y ya en plena crisis, había unas reservas de 67.000 millones, que en diciembre próximo se habrán reducido a unos 14.000 tras pagar la extraordinaria de Navidad. No es que ello suponga que no habrá más dinero para las pensionistas, no, que tampoco se trata de alarmar a un colectivo social que anda por los ocho millones de personas, casi la mitad de la población laboral, sino que significa la perentoria necesidad de reformar el sistema en busca de recursos, los que sean, pero ya.

Si a la gente se le pregunta que se puede hacer las contestaciones serán mayoritarias: reducir al máximo el gasto del Gobierno y las autonomías, prescindir de Senado, diputaciones y órganos y entidades duplicados, apretarse el cinturón, en suma, pero esta vez no la gente en general sino los vividores de la política. Por supuesto que Rajoy y los suyos no piensan en ninguno de estos remedios, que jamas llevarán a cabo, sino en otros, principalmente en incrementar la cara impositiva para pagar las pensiones, al menos las no contributivas, y, cómo no, la utopía de crear empleo y más empleo para que el aumento del número de trabajadores y sus cotizaciones puedan sostener el sistema. Muy difícil, por no decir imposible esto último, dado el paro y la temporalidad y los bajos salarios que marca el 90% de las contrataciones. También se habla de fomentar los planes de pensiones privados como si pudiera ahorrarse en un país en el que el salario medio apenas si permite llegar a fin de mes. Y como solución fatal e inevitable, no para ahora mismo, sino para el futuro inmediato, y pese a que suban los impuestos, la rebaja de las pensiones, que nunca volverán a ser como las actuales.