Hasta ocho millones de euros se eleva la factura que puede pasar a Zamora el vacío de poder creado por la incompetencia de unos representantes políticos incapaces de llevar a cabo el mandato de las urnas por segunda vez en menos de un año. Esa es la cuantía estimada de los fondos europeos destinados a financiar importantes proyectos y que permanecen congelados por el Ministerio de Hacienda sin que se conozca, siquiera, cuáles de esas iniciativas contarán con respaldo financiero.

En otros casos se trata de partidas aseguradas, como la restauración del Puente de Piedra de Toro, un millón de euros concedido para una operación urgente con cargo al 1,5 % cultural aprobado por el Ministerio de Fomento y que sería solo el inicio para un monumento que acusa un grave deterioro. En este caso, para colmo, ni siquiera habría que esperar un visto bueno que ya existe, aunque no se ha ejecutado. Todo se encuentra pendiente de que quienes fueron elegidos para representar a sus votantes en una inédita segunda vuelta sean capaces de anteponer los intereses generales a los personales y partidistas, en un bucle que solo contribuye al hartazgo general y que en nada facilita la rehabilitación de la imagen de un sistema que, pese a los síntomas de cansancio y debilidad, sigue sin aplicarse el tratamiento correspondiente.

La recepción de fondos europeos es una de las fuentes de financiación más importantes para las comunidades autónomas y, dentro de ellas, para aquellas provincias que, como Zamora, han experimentado un retroceso considerable durante la crisis. La resolución del Ministerio de Hacienda se anunció, en principio, para el mes de mayo, puesto que las memorias fueron remitidas en su día por parte de todas las comunidades y ayuntamientos que optan al reparto. Entonces fue otro bloqueo, el de la también fallida investidura de Pedro Sánchez, lo que relegó la decisión hasta el verano que está a punto de acabar.

El bloqueo a la investidura de presidente y la consiguiente formación del Gobierno, con otras elecciones de por medio, las celebradas en junio, pospone "sine die" una decisión que afecta a proyectos que nada tienen de faraónicos, que recogen necesidades básicas e incluso que intentan salvar el incumplimiento de normativas, como la accesibilidad del Consistorio zamorano.

En el caso del mercado de abastos se trata de una oportunidad de convertir una joya arquitectónica de principios del siglo XX obra de Segundo Viloria en un atractivo cultural ligado a la gastronomía, siguiendo el ejemplo de otras muchas galerías comerciales de la misma índole que se han adaptado a los nuevos tiempos para evitar el vacío de puestos, como le ocurre al zamorano. Otras reformas necesarias para los zamoranos de a pie en saneamiento y viales urbanos están, igualmente, a la cola, mientras sus señorías cobran por su labor en el Parlamento, sea o no fructífera, incluidas dietas por viajes y taxis.

Se da por hecho que esa resolución se retrasa por motivos fundamentados que escapan a un gobierno en funciones cuya última titular de Fomento, la zamorana Ana Pastor, ha asumido el cargo de presidenta del Congreso, agravando aún más la situación de interinidad de la Administración central. Porque la insinuación de que las demoras no se correspondan con la ausencia de un Gobierno estable y forme parte de la estrategia en beneficio de uno u otro partido en sus aspiraciones a gobernar dejaría a la clase política con un rasero aún más bajo del que vienen demostrando.

Los analistas de medios extranjeros muestran su perplejidad ante el hecho de que, pese al parón ejecutivo y la siesta legislativa, la economía del país crezca y hasta se reduzca el paro, salvo el aumento del desempleo en el mes de agosto que tuvo como afortunada excepción a Zamora, donde hubo nuevos contratos. Pero en gran parte ese fenómeno se debe al trabajo diario de los zamoranos y del resto de los españoles, que, una vez más, demuestran estar muy por encima de lo que da de sí gran parte de sus dirigentes. Gentes que no se merecen convertirse en víctimas de tanta incompetencia y que, como contribuyentes, tienen derecho a que sus necesidades se cubran en tiempo y forma.