En una sociedad, la española y, dentro de ella, la zamorana, que aún tiene pendiente la asignatura del concepto de lo público, resulta aún más costoso, por mucha pedagogía que se intente, hacer comprender la necesidad de que exista algo tan molesto y doloroso al bolsillo como pagar por aparcar en la calle en las zonas del centro de la ciudad. El anuncio de la subida de las tarifas de la ORA ha desatado una fuerte polémica vecinal. La subida es de solo diez céntimos, una cantidad que, en un lapso de 16 años, desde que fuera implantada, no parece desorbitada, pero que, sumada a la precaria situación económica de muchas familias y a la carga impositiva que ya padecen por parte de las distintas administraciones, hace que el contribuyente, antes que concebir la regulación como una manera eficaz de ordenar el tráfico en zonas sensibles de la capital, señale únicamente el aspecto recaudador de la misma.

Al margen de la sensibilidad social, conviene indicar, desde el principio, que, contrariamente a lo que los asiduos de Internet comparten muchas veces en las redes sociales, los expertos jurídicos concluyen que la ordenanza reguladora del aparcamiento es legal y de obligatorio cumplimiento al estar amparada por la Administración local. El pago de las multas, salvo casos muy excepcionales, también resulta obligatorio. No existe jurisprudencia que asegure lo contrario y nada tiene que ver su pago con el impuesto de circulación que también gestiona el Ayuntamiento.

De otra forma resultaría inexplicable que la ORA se haya seguido aplicando en la ciudad una decena de años después de que el contrato con la empresa concesionaria hubiese caducado. Dos mandatos y medio municipales con el contrato de la ORA y los aparcamientos subterráneos en el limbo. El actual equipo de Gobierno, un año después de su formación, saca a concurso la citada ordenanza para acabar con tal anomalía. Seamos realistas, hubiera sido ya mucho soñar que en los 16 años transcurridos desde su primera adjudicación, con arreglo a la subida de la vida, incluso con una recesión por medio, el nuevo contrato hubiera mantenido el precio de 40 céntimos cada sesenta minutos.

Aún así, las casi 1.200 plazas de la zona azul de Zamora siguen figurando como las más baratas del territorio nacional y se ha descartado ampliar el número de aparcamientos por los que se deberá pagar. Existe otra medida aparejada en el nuevo contrato que ha originado el malestar entre los ciudadanos: la obligatoriedad de mover el vehículo cuando hayan transcurrido dos horas desde que se aparcó en el área controlada. Un máximo que se aplica por igual en las ciudades, todas las capitales en la práctica, donde se regula el aparcamiento en las calles más frecuentadas o con un entorno sensible. Es igualmente cierto que en ciudades más grandes existen otras delimitaciones que, por el mismo precio, permiten al conductor mantener más tiempo el coche aparcado. Hablamos de las denominadas zonas verdes o naranjas cuyo intento de aplicación en la capital, años atrás, generó otra oleada de protestas porque se trataba, entonces sí, de ampliar las restricciones a otros lugares del callejero.

Quizá esto último hubiera podido aplicarse en ciertas vías de la zona del ensanche, las de mayor intensidad de circulación, donde la rotación, por coincidir con el "centro de negocio", se supone más frecuente. El trato especial a comerciantes y a quienes prestan servicios tales como abastecimiento o reparaciones anunciado, igualmente, por el Ayuntamiento viene a compensar una reclamación de años por parte de aquellos cuyo vehículo es también parte de su negocio. Para los residentes ya existe ese régimen distinto desde que se empezó a aplicar la ordenanza, primero en la zona de las Tres Cruces y aledaños, las calles que generan mayor tránsito de vehículos puesto que los dos principales ejes del casco histórico, Santa Clara y San Torcuato, son peatonales. Una situación igualmente consolidada que tuvo un buen número de detractores al principio.

El problema se agrava en el casco antiguo, por su disposición en el extremo oeste de la ciudad, lo que origina grandes quebraderos de cabeza a los responsables de ordenar la urbanización y la circulación en un área especialmente sensible. Es aquí donde la limitación de aparcamiento, a pesar de sus desventajas para quien no está dispuesto a dejar de usar el coche por necesidad o por apetencia, ha contribuido a desterrar estampas de entornos monumentales envidiables saturados por los coches de vecinos y visitantes. Turistas a los que, por cierto, vendemos siempre como uno de los atractivos de la ciudad su dimensión "abarcable" donde no existen grandes distancias. No es el caso este de los vecinos que viven en los barrios más alejados del centro, para los que cabe exigir un transporte público con frecuencia horaria y alcance suficientes.

La polémica acompaña a la ORA desde su implantación. Ha sido así en Zamora y en cualquier otra ciudad donde se hayan intentando regular los excesos de los conductores en el centro. Cierto es que tal regulación ha coincidido, demasiado a menudo, con la construcción de aparcamientos subterráneos que no siempre han generado el negocio esperado. De ahí las acusaciones lanzadas incluso desde la oposición, cuando lo era, del actual grupo de Gobierno, de diseñar las zonas azules en función de los nuevos aparcamientos gestionados por empresas privadas.

Pero, como en toda polémica, cabe también darle la vuelta a este aspecto, sobre todo si, como es el caso, los precios de los aparcamientos como el de San Martín, descienden hasta quedar muy parejo al coste en superficie, porque entonces sí puede hablarse de verdadera alternativa de estacionamiento.

En una sociedad ideal, con una ciudad que presume de estar realizada a "escala humana", donde los embotellamientos distan mucho del caos que puede representar para una gran urbe, lo idílico sería que los coches se quedaran en sus plazas mientras se opta por transportes alternativos, públicos o individuales. La realidad es que también en Zamora se abusa del automóvil. Y muy a menudo con la pretensión de aparcarlo a escasos metros del destino. Así lo demuestran las más de 5.000 multas, la mayoría por aparcamiento indebido que anualmente impone la Policía Municipal. La triste evidencia es que si buscamos eficacia, mientras llega la conciencia, aquella pasa muy a menudo por la cartera del contribuyente. La disuasión se impone a la concienciación, también en el manejo del automóvil.