Zamora, con un protagonismo inusitado durante la campaña electoral de los comicios generales, se pronunció, al igual que lo hizo el resto de España ante las urnas, el pasado 20 de diciembre. Pese a los augurios sobre teóricos cambios debido a las fuerzas, entonces emergentes, los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, conservaron sus representantes por la provincia, aunque con menos apoyos que cuatro años antes. Ya entonces, desde estas mismas páginas, se reclamaba un mayor sentido de la responsabilidad a los políticos que salieran elegidos, dada la situación en que se encontraba Zamora.

Esa altura de miras reclamada no se ha plasmado en acuerdo alguno que permita formar un nuevo Gobierno tras unos resultados que ratificaron el fin de las mayorías absolutas. Los votantes cumplieron con su obligación y acudieron mayoritariamente a las urnas. Todos los líderes dijeron esa noche haber entendido el mensaje, la realidad demuestra que, una vez más, los intereses partidistas y personalistas se han antepuesto al general.

Los votos emitidos por los zamoranos, sin embargo, han permitido percibir a los partidos que han obtenido representación 148.000 euros en subvenciones. Los tres diputados y cuatro senadores elegidos han cobrado durante estos meses las cantidades legales percibidas, más los "lucros cesantes" de los diputados y senadores salientes por razón de haber quedado fuera de las listas de sus respectivos partidos. A ello habría que sumar los 600.000 euros que, solo en la provincia Zamora, supondrá al erario público, al que contribuimos todos, la celebración de nuevos comicios.

En esos mismos cuatro meses, la anunciada recuperación económica no ha llegado a percibirse por parte del zamorano de a pie. La pregunta es qué han hecho o más bien cuánto han dejado de hacer unos y otros para que Zamora siga descendiendo sin freno por la cuesta de la despoblación y la marginalidad. Tenemos, sí, línea de alta velocidad en marcha, aún de forma no completa y se cerró una de las infraestructuras largamente demandadas: la autovía de Benavente. Pero las cifras se manifiestan tozudas, una vez más.

El último informe de la entidad España-Duero sobre previsiones de crecimiento para la provincia de Zamora hablan de nuevo de una ralentización: justo cuando a finales del año pasado la economía crecía un 3,5%, los indicadores caen al 2,8%, dos décimas por encima de la media regional, pero a todas luces insuficientes para crear empleo estable. A pesar de las inversiones públicas en grandes infraestructuras, caen las exportaciones de las empresas. El consumo sigue contraído salvo excepciones como la Semana Santa. El paro, cuya tasa había disminuido hasta el 19,6%, dos puntos por encima de la media de Castilla y León, acaba de repuntar en el primer trimestre, según los datos de la EPA conocidos este jueves.

La puntilla, como siempre, la pone la demografía. El último padrón también hecho público esta pasada semana debería hacer saltar todas las alarmas porque nos encontramos ante una verdadera catástrofe: 3.000 habitantes menos en un año, de forma que la provincia no alcanza ya las 180.400 personas. Zamora es la que más población pierde dentro de una Castilla y León que se ha visto reducida en los últimos doce meses en más de 26.000 personas. En la última década, la provincia zamorana ha perdido 20.000 habitantes.

Es evidente que algo no se está haciendo o no se está haciendo bien. Será muy difícil a los candidatos, con toda probabilidad los mismos que hace cuatro meses prometían batirse el cobre por su tierra, convencer a los votantes de que esta vez acudir a las urnas servirá para cambiar el futuro, su credibilidad está más que en entredicho. Entre otras cosas, porque sus representantes solo incrementan la deuda insoportable con una ciudadanía hastiada y cada vez menos esperanzada. Quien sea capaz de asumir una responsabilidad de tal tamaño, de regenerar la ilusión perdida, bien merecerá ese voto que constituye el arma legítima con la que los ciudadanos batallan por un futuro cada vez más incierto.