Siempre ha sido así: el lobo en un extremo y en el otro, lo más lejos posible, el ganadero, pero los dos en el mismo plano. Cuando se juntan, surge el conflicto. La Zamora pecuaria vive en permanente colisión con el cánido salvaje y sus defensores. En los últimos meses la situación se ha radicalizado aún más porque se han incrementado los ataques y, quizás por eso, en la semana que hoy concluye se han producido dos hechos significativos que escenifican este estado de enfrentamiento: la creación de una agrupación de ganaderos en las comarcas del sur de la provincia para "desalojar" el lobo de la zona y las denuncias por amenazas serias entre un ganadero y un naturalista, muy significados los dos y representativos de las dos tendencias en liza, en la Carballeda.

Detrás del conflicto están dos visiones diferentes de una misma realidad. La de los grupos proteccionistas que propugnan la defensa a ultranza del animal, al que consideran un patrimonio único y un símbolo de biodiversidad, y la de los ganaderos y sus organizaciones profesionales que abogan por el control del predador para evitar que se extienda a otras zonas donde todavía no está, lo que evitaría que los daños se multiplicaran.

Abrochando estas dos tendencias hay intereses económicos que enrarecen aún más las relaciones y que complican incluso la convivencia en el ámbito rural, donde cada vez son más frecuentes los choques entre defensores de una y de otra posición. Una parte de la población mantiene que lo que está en juego es el futuro del turismo en zonas amplias de la provincia o, lo que es lo mismo, la supervivencia del ámbito rural, y la otra argumenta que si no se lleva a cabo un control "serio" del cánido, va a desaparecer la ganadería extensiva, un modo de vida que ha estado unido al hombre desde el neolítico y que cumple funciones económicas y sociales en los pueblos.

En medio del conflicto está la Junta de Castilla y León, la administración competente en cuestiones medioambientales, que es atacada por unos y por otros porque, hasta el momento, no ha sido capaz, de demoler el muro. El nuevo Plan de Gestión y Conservación del Lobo no ha cumplido las expectativas creadas porque no ha conseguido acercar las posturas de los dos bandos en liza. Todo lo contrario: los ganaderos siguen manteniendo que las indemnizaciones son escasas, llegan muy tarde, tras una maraña burocrática que eterniza el proceso y no atienden los daños colaterales, los que más duelen porque desarman los rebaños. Por su parte, lo proteccionistas se quejan del excesivo control de las poblaciones y de los cupos de sacrificio, que consideran innecesarios o excesivos.

El nuevo programa de conservación del predador deja muy clara la división de la comunidad autónoma en dos zonas, al norte y al sur del Duero, que se corresponde con una forma diferente de encarar el control poblacional de la especie y las indemnizaciones por daños a los ganaderos. La diferente consideración jurídica del animal salvaje establece que por encima del Duero las indemnizaciones se fijarán en base a la normativa de caza, al considerarse el lobo especie cinegética y por debajo se deja al criterio de la Administración regional. En las comarcas del norte el animal se puede cazar siguiendo el régimen de cupos (más de 40 ejemplares en la provincia de Zamora), nunca más allá del diez por ciento del censo lupino.

En los últimos años las poblaciones de lobos, si tenemos en cuenta el número de ataques, se han incrementado al sur del Duero, lo que ha extendido el "problema" a comarcas donde antes no lo tenían y, por tanto, presentan unas explotaciones pecuarias más desprotegidas. Los ganaderos entienden que no tienen que reforzar sus granjas con mastines o más medidas de seguridad porque eso les supone unos gastos considerables y también se niegan a suscribir seguros contra los ataques de un animal que en esta zona no es "cazable" y sí patrimonio público y debe ser, por tanto, la Administración, la sociedad, quien asuma todo el coste de los gastos que produzca.

La Junta ha pedido en varias ocasiones a la UE que el lobo sea declarado especie cinegética al sur del Duero. Europa ha dicho "no", lo que complica a la Administración regional el control del depredador y cuando, por la presión de los ganaderos que han sufrido ataques, ha llevado a cabo acciones por su cuenta, se ha convertido en objetivo de las denuncias de los proteccionistas.

El conflicto está ahí, es permanente, pero la Administración regional tiene la obligación de buscar soluciones. Zamora sufre más de 120 ataques de lobos al año, lo que le supone a la Junta indemnizaciones por un importe que no llega a 100.000 euros, cantidad que es considerada insuficiente por los ganaderos, quienes piden que se tenga en cuenta el lucro cesante y se valore el rebaño en su conjunto, por lo que había que tener en cuenta las pérdidas colaterales.

La obligación de la Junta es conseguir que la ganadería extensiva sea una actividad rentable y valorada socialmente y, por otro lado, lograr que el lobo sea aceptado por todos como muestra de la calidad ambiental de Zamora, ejemplo de biodiversidad y yacimiento turístico transcendental para la provincia. Ahí está el Centro Temático del Lobo de Robledo de Sanabria que se ha demostrado como un polo de atracción turística de primer orden y eso que solo lleva unos meses abierto.

La Administración regional debe trabajar para lograr un gran pacto que busque armonizar intereses . Los ganaderos son imprescindibles para el desarrollo del ámbito rural. Como también lo son los lobos y las empresas de naturaleza que funcionan en torno a él. Las actividades pecuarias y turísticas son fuente de riqueza para Zamora. Es preciso encontrar el término medio entre los daños tolerables y la supervivencia de la especie, ceder una parte de los intereses particulares en beneficio global de la provincia. La función de la Junta debe ser pagar los daños sin regateos, actuar como árbitro y garantizar la convivencia en el ámbito rural y, desde luego, la supervivencia de los pueblos.