la Ordenación del Territorio, desde el punto de vista que nos ocupa, se refiere a la planificación de un determinado espacio para organizar los servicios que la administración ha de prestar a los habitantes que ocupan todos los núcleos poblacionales que integran ese espacio.
Así pues, de forma directa el objetivo que buscamos con la Ordenación Territorial es que la población tenga acceso a todos los servicios públicos de la forma más eficiente posible, sin embargo, de forma indirecta con esta planificación se intenta conseguir el desarrollo socioeconómico del territorio, en este caso Castilla y León.
El principio de subsidiariedad que recoge el artículo 5 del Tratado de la UE (olvidado intencionadamente en los últimos años) dice que las decisiones han de tomarse de la forma más cercana a los ciudadanos, ya que de esta forma se conocen mejor los problemas de estos y, en consecuencia, se podrán resolver mejor.
Si bien, teniendo en cuenta el modelo de poblamiento de nuestra comunidad autónoma y la distribución municipal, en la que abundan los ayuntamientos muy pequeños, con un gran número en el grupo de los de menos de 100 habitantes (casi el 20%), y en torno al 90% en el de menos de 1.000, está claro que se han de buscar estructuras territoriales que agrupen municipios para conseguir un volumen de población que permita la sostenibilidad en la prestación de los servicios.
Considerando estos aspectos resulta apropiada la creación de unas entidades plurimunicipales que se encarguen de esa Ordenación Territorial con cercanía a los ciudadanos.
En este sentido, las comarcas son ese peldaño que nos falta en Castilla y León, no se trata de crear una nueva administración que genere más gastos, se trata de racionalizar las administraciones existentes y sus recursos, poniéndolos al servicio de la gente de la forma más apropiada.
Castilla y León cuenta con una dilatada historia que ha ido configurando su territorio, igualmente cuenta con un medio natural que ha configurado el paisaje y ha intervenido en la organización del poblamiento a lo largo de esa larga historia. Sin embargo, en la actualidad estos dos parámetros no son en sí mismos los que han de configurar la ordenación territorial de forma directa, solo son dos aspectos más que indirectamente han intervenido ya en la estructuración actual de la realidad socioeconómica.
Una realidad en la que vivimos marcada por la funcionalidad de nuestras vidas, una realidad basada en los desplazamientos que la población realiza para acceder a servicios, públicos o privados, relacionados con el ocio o con necesidades habituales, y también para acceder a puestos de trabajo. Esta realidad configura unas áreas en las que los habitantes se mueven de forma más habitual, áreas que no están delimitadas por kilómetros, están delimitadas por tiempo.
Conjugando todos estos aspectos lo más lógico es que la Ordenación del Territorio de Castilla y León se realice mediante una comarcalización basada en áreas funcionales delimitadas por las dinámicas territoriales que se definen por la intensidad de las relaciones producidas sobre el espacio. Para fijar sobre los mapas el territorio incluido en estas comarcas ya se han realizado interesantes estudios (Directrices de Ordenación del Territorio DOT) aunque sería recomendable la elaboración de encuestas a la población que permitan conocer sus necesidades y hábitos de vida.
Aunque el hecho territorial sea el que más protagonismo ha tenido hasta ahora en el análisis del Anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Junta de Castilla y León, es primordial fijarnos en el contenido de esos servicios y de ese gobierno.
Una verdadera ordenación territorial mediante la comarcalización de Castilla y León debe recoger la prestación de los servicios necesarios para mantener, o más bien conseguir, el estado social que permita a la población vivir de una forma adecuada y plena, por ello no puede limitarse a satisfacer las necesidades actuales, es necesario poner los medios para impulsar un desarrollo territorial; debe planificar unas infraestructuras que, además de sostener esos servicios, permitan ese desarrollo económico sostenible y equilibrado; se deben planificar los recursos humanos necesarios para poner en marcha la prestación de cada uno de los servicios; y, por supuesto, es necesario dotar de un presupuesto, de una financiación, para realizar todos los puntos que integre la ordenación del territorio planificada.
En Castilla y León se puede diferenciar entre medio urbano y medio rural, en cada uno la realidad espacial es muy distinta, por ello la ordenación territorial debe ser diferente. Todos los núcleos urbanos generan, en mayor o menor medida, una influencia sobre el territorio cercano, son las áreas periurbanas que, constituidas por varios municipios, experimentan unas dinámicas y sufren unos problemas similares, es por ello que deben contar con una planificación englobada en una misma comarca o área funcional.
Nuestro medio rural sufre un gran problema de despoblación, la emigración de sus habitantes hacia las ciudades se explica por dos motivos principales:
-Búsqueda de oportunidades de empleo.
-Aprovechar la mayor concentración y la mayor calidad de los servicios.
Para frenar el abandono de los pueblos la Ordenación del Territorio ha de poner remedio a estos dos aspectos clave, por un lado impulsando la actividad económica en el medio rural, y por otro aumentando la calidad y la cantidad de los servicios de este.
La actividad se impulsaría indirectamente, gracias a la dinámica positiva que generaría la prestación de los servicios, y directamente mediante la inversión en los Centros y Subcentros Comarcales de Servicios que serían los encargados de difundir nuevas actividades en el territorio.
