Partiendo de la base de que antes o después habrá que hacer una consulta en Catalunya, es evidente que en el actual marco constitucional no puede hacerse. Desde luego, la Constitución prevé la posibilidad de realizar referéndum, pero lo que no admite es que su objeto sea la secesión de un pueblo de España. Esto quiere decir, simplemente, que una consulta solo sería posible si se reforma la Constitución, para establecer a quién habría que preguntar (¿a los ciudadanos de ese pueblo?, ¿a todos los españoles?), la mayoría necesaria para la decisión (¿mayoría de votantes?, ¿mayoría del censo?, ¿mayoría reforzada?) y el alcance de esta (¿secesión?, ¿vínculo confederal?, ¿vínculo federal?). Cualquier camino distinto de la reforma constitucional sería una franca ruptura de la legalidad y, por tanto, plantearlo es un brindis al sol, un engaño, una excusa para no pactar o las tres cosas a la vez.