N o digo nada nuevo si les comento que uno de los males que acechan a nuestra sociedad es la hipocresía. Ni tampoco los sorprendo si añado que la envidia es ya un deporte nacional. Evidentemente, no. Viene esto a cuento de los comentarios escuchados a propósito de la declaración de bienes y rentas de los diputados y senadores. De entre todos, me quedo con dos casos: el alto patrimonio de la ministra en funciones de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y los emolumentos que el hasta ahora diputado Miguel Ángel Cortés ha sumado a su sueldo público con otras actividades profesionales ajenas a la desarrollada en la Cámara Baja.
Pero, vayamos por partes. En el relativo a la ministra, la vallisoletana García Tejerina, su declaración de bienes eleva su patrimonio a 2,9 millones de euros, entre inmuebles, depósitos, bienes heredados y participaciones societarias. Un volumen que la sitúa entre los más ricos de nuestros políticos, pero que, en mi opinión, no debería ser motivo de exacerbada crítica, a no ser que, como les apuntaba antes, sea provocada por la envidia. Y me explico. Más bien, creo que el auténtico mérito reside en aquellas personas que, siendo pudientes, dan el salto a la arena pública por un sueldo anual que ronda los 70.000 euros, cuando el simple desempeño de su actividad privada les reportaría seguramente bastante más dinero. Estamos, por tanto, ante una hipócrita disyuntiva. De un lado, la insistente apelación a que nuestros representantes no hagan de la política su medio vitalicio de vida y dispongan, en cambio, de un colchón profesional al que retornar después; y, de otro, el incoherente reproche a quienes, obrando de esa manera, reciben nuestro peor castigo verbal. Qué quieren que les diga, personalmente prefiero a aquellas personas que, sin necesidad económica ninguna, afrontan por un tiempo el ejercicio público a aquellas otras que sin el cargo no tendrían donde caerse muertos.
Y respecto al ahora senador Miguel Ángel Cortés, honestamente pienso que es mucho más vergonzante el hecho de que obtenga el triple de su salario público -que es de unos 65.000 euros anuales- al compatibilizar su nómina parlamentaria con otras ocupaciones de carácter privado. Será legal, que lo es, pero no es ético ni estético, máxime cuando estamos hablando de un político que lleva la friolera de casi tres décadas en el Parlamento y durante el último año no ha superado la veintena de preguntas escritas.
En fin, que si nos sustraemos de verdad a ese estúpido pensamiento hipócrita, quizá nuestros juicios de valores se aproximen más a la realidad.
