En este curso recién empezado, no solo son los más pequeños que empiezan la escuela los que van arrastrados a la fuerza por sus padres y llorando ante su primera experiencia escolar. Son más los que protestan.

Empezaron las consejerías de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en educación, protestando firmemente contra una aplicación de la enésima nueva ley, que no será la última a tenor de lo manifestado por todos los partidos menos el Popular, que la aprobó prácticamente en solitario. Pero no han sido solo los malvados independentistas catalanes o vascos, o los nuevos gobiernos de socialistas y vete tú a saber quién ¡No! Las protestas alcanzaron a prácticamente todas las comunidades, incluso a las gobernadas por el PP, porque no se consideraban preparadas para asumir los cambios. Al final, se posponen los decretos de las reválidas en Secundaria para calmar los ánimos. ¡Un respiro!

Siguieron las editoriales y los libreros, porque no tenían tiempo de hacer los nuevos manuales. Y con ellos todos los padres y madres obligados a comprar nuevos libros, después de que se haya echado por tierra el compromiso de mantenerlos durante cuatro cursos y el programa "releo" de intercambio de materiales. Aquí cada comunidad ha salvado la papeleta como ha podido, en general haciendo la vista gorda, porque al final no es tan relevante el cambio de los contenidos curriculares, sino los profesores encargados de impartirlos.

Profes que tienen muchas razones para protestar porque el nuevo decreto de especialidades les obliga a impartir asignaturas que no conocen; porque aunque hay plazas vacantes no salen a concurso para ocuparlas de manera definitiva; porque aunque hay necesidades permanentes, el trabajo es temporal y precario. Y porque no se cuenta con su experiencia y su profesionalidad para acometer las leyes y normas, que se les imponen a golpe de decretazo.

Todos, padres, madres, profesorado y alumnos, protestan por los recortes en educación que reducen becas, eliminan programas de apoyo, aumentan el número de alumnos por aula, despiden profesores todos los cursos, y ¡el colmo!, provocan la aparición de gusanos en la comida de los escolares. Y protesta toda la sociedad, porque la educación es la base del desarrollo de los pueblos: de la formación de los trabajadores futuros que nos tendrán que sacar adelante.

¡Cómo estará el patio que hasta el ministro que hizo la Lomce y le dio el nombre de ley Wert, se ha ido nada menos que a París, dejándonos este panorama!

Cada vez más miembros de la comunidad educativa y de la sociedad se declaran insumisos a la Lomce que basa la calidad en los controles finales de las reválidas y en la competencia entre centros, en lugar de compensar durante todo el proceso educativo a las personas que lo necesitan por su situación social o económica desfavorecida.

Son dos maneras distintas de entender la educación y la política, o sea, las leyes educativas que aprueban los parlamentos: a favor de una sociedad más igualitaria donde todos tienen las mismas posibilidades independientemente de su situación socio-económica; o a favor de mantener y acrecentar las diferencias desde los primeros años de escuela para reproducir la desigualdad social de origen.

Este curso, no solo son los niños los que lloran y hay que arrastrar los primeros días de clase. A toda la comunidad educativa la llevan a rastras hacia la aplicación de la Lomce: "que es buena, que es de calidad". "Que hay muchos niños para jugar, que hay recreos, que mira que bonitos son los libros?".

Nada, que no nos gusta. Y o nos conformamos, o nos declaramos insumisos y luchamos.