Esta semana hemos sabido que la titular del Juzgado de Instrucción n.º 5 de León llama a declarar en calidad de imputados a los quince miembros del consejo de administración de Caja España, presidido por el constructor leonés Santos Llamas. Resulta que la denuncia de Izquierda Unida y de la Fiscalía de León por un delito de "administración desleal", se completa con un informe de dos peritos del Banco de España, que demuestra las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de créditos y avales al entonces presidente de la Caja. Concluyen que los directivos perjudicaron las cuentas de la entidad con las 29 operaciones de crédito o avales concedidos a Santos Llamas, por valor de 67,9 millones de euros. Este empresario presidió Caja España entre 2006 y 2010 con el apoyo del PP y del PSOE. Incluso siguió como consejero en la entidad ya fusionada con Caja Duero hasta 2012. La Audiencia Nacional ya le investiga por la estafa de las preferentes, al igual que al expresidente de Caja Duero, Julio Fermoso.
Hace dos años, desde esta misma rendija de opinión, me hacía varias preguntas sobre las responsabilidades de los cargos públicos que ocupaban puestos en los consejos de las cajas de ahorros. Aventuraba que algún día debería rendir cuentas y asumir responsabilidades. Bueno, parece que se acerca ese momento. Aunque se trate de una parte pequeña de los muchos atropellos perpetrados en las cajas de Castilla y León.
Entre los citados a partir del 25 de mayo está José Francisco Martín, perpetuo cargo socialista y actual candidato a las Cortes, Paquito "Raquetas", exalcalde socialista de León, José Antonio Turrado, dirigente de Asaja, Zenón Jiménez Ridruejo, catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valladolid, que no podrá decir, como otros, que él no entendía lo que aprobaban en esas siniestras y carísimas reuniones. También aparecen varios cargos del PP, entre ellos el presidente de la Diputación de Zamora. Todos ellos expertos depredadores de la dieta en el ámbito bancario o en las empresas participadas. Cuando le preguntaban al señor Maíllo, también presidente del PP en Zamora, por esta imputación, manifestaba total tranquilidad porque ese consejo estaba formado por muchas personas, era un órgano colegiado, que tomaba las decisiones mejores en esa última etapa de Caja España. Seguían los informes de los técnicos del comité de riesgos. Por eso, llegó a decir, "Caja España sigue viva", no como otras cajas que ya han desaparecido. Me he quedado estupefacto. Este hombre tiene el rostro de cemento armado. En fin, resulta que la realidad es otra muy diferente y Unicaja es ya la propietaria del Banco Ceiss, así se llamó a la fusión de Caja España y Caja Duero, sin poner un euro. Quien sí debió poner muchos millones fue el Estado, o sea los contribuyentes, más de 1.000 millones de euros, de los que 525 se dan por perdidos. Nunca se devolverán a las arcas públicas. Este rescate fue la condición que puso Unicaja para hacerse cargo de Ceiss. Si todavía ven letreros de Caja España o de Caja Duero no significa que por ello sigan existiendo, siguen ahí por razones comerciales, nada más.
De la responsabilidad política no hace valoraciones, se supone que será candidato en Casaseca de las Chanas para seguir siendo la apuesta del PP para presidir la Diputación. Ya cumple 12 años en el cargo. Tiene una magnífica ocasión para asumir su responsabilidad y dimitir, defenderse de esta imputación y de las que vengan, falta la estafa de las preferentes, y así no perjudicará el valioso compromiso de su partido en la lucha contra la corrupción. No debe mancillar la pulcra política de regeneración del PP de Mariano Rajoy. Creo que hasta el propio presidente se plantea dimitir y explicar por qué no se enteró de que su partido se financió ilegalmente durante 18 años. Sabe que Aznar y él tenían la obligación de controlar esas cuentas. No podían no saber. Están mintiendo. Por eso tienen dos razones para desaparecer de la vida pública española: por responsables últimos de la ilegalidad de las cuentas y de la corrupción del PP y por haber mentido. Rajoy, además, lo hizo en sede parlamentaria.
Otro tanto debieron hacer hace muchos meses Chaves y Griñán, expresidentes de los gobiernos de la Junta de Andalucía, bajo cuyo mandato se estafaron fondos públicos. No hay que esperar al dictamen del Tribunal Supremo, da igual que les atribuya o no delito alguno. De todas las formas fueron responsables políticos de ese desfalco continuado con los ERE o con los cursos de formación.
Les recordaría a todos estos malos actores de la vida política española unas palabras del "Juan de Mairena", ese texto maravilloso de don Antonio Machado, que recoge sentencias de un profesor apócrifo, publicado allá por 1936: "Procurad, sin embargo, los que vais para políticos, que vuestra máscara sea, en lo posible, obra vuestra; hacéosla vosotros mismos, para evitar que os la pongan -que os la impongan- vuestros enemigos o vuestros correligionarios; y no la hagáis tan rígida, tan imporosa e impermeable que os sofoque el rostro, porque, más tarde o más temprano, hay que dar la cara".
