En cuestión de muy pocos días va a ser aprobada en el Congreso la reforma del Código Penal, una reforma amplia y muy necesaria, urgente ya desde hace tiempo dados los casos de corrupción galopante descubiertos en el país en los últimos años, protagonizados por políticos o personas relevantes e influyentes en muchos casos y que han originado una gran conmoción e indignación ciudadana que se notará, puede que de manera decisiva, en las próximas elecciones, pues el vaso ya se ha desbordado.

Más de 2.000 asuntos relacionados con la corrupción han sido destapados por la policía y los jueces, la mayoría de ellos relacionados con la política, el urbanismo y el ladrillo. Lo que, naturalmente, no quiera decir que no haya muchos más, que los habrá, seguramente, aunque otra cosa es que lleguen a descubrirse, pues sus protagonistas solían hilar muy fino a la hora de delinquir. Que pese a ello existan en la actualidad no menos de 1.700 imputados viene a ser una demostración del volumen que han llegado a tener estas operaciones fraudulentas, casi siempre relacionadas con el cohecho, la prevaricación, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, la financiación ilegal de los partidos y otros delitos semejantes, para los cuales el nuevo Código Penal incluirá penas mayores. También se debate la inclusión de la prisión perpetua, revisable, para graves delitos de terrorismo. Con todo, la principal novedad es que los delincuentes no podrían salir de la cárcel, ni se les podría aplicar ningún beneficio penitenciario, hasta que no devuelvan la totalidad del dinero defraudado.

Si es que llegan a entrar en prisión. Porque de hecho, y en lo que va de la actual legislatura, apenas una treintena de personas ha llegado a estar entre rejas de las 170 condenas falladas por los tribunales en 130 causas vistas. No son números muy alentadores para la ciudadanía que asiste no solo cabreada sino perpleja al lento espectáculo que suele suponer el desarrollo procesal de cada asunto, con una duración de años y más años, por la saturación de casos en los juzgados y la habitual escasez de medios de la justicia, lo que acaba dilatando la resolución y las penas, que, por otra parte, no siempre implican prisión sino que pueden limitarse a inhabilitaciones y sanciones económicas. Y cuando llegan a entrar en la cárcel, los pocos que llegan a ello, ya se sabe que lo hacen en condiciones absolutamente distintas a las de cualquier otro preso común y por el menor tiempo posible, sobre todo si se trata de políticos. Por cierto, que según la reforma del Código, a partir de ahora el Gobierno tendrá que dar cuenta al Congreso de los indultos que concede, dada la cantidad de abusos detectados en esa medida de gracia.

El nuevo año, que es además un año de elecciones, se espera que traiga aparejados juicios importantes, como el de la infanta Cristina, Urdangarín, Bárcenas y Gürtel, entre otros escándalos. Pésimo asunto para el partido en el poder. Pero no solo para el PP. Porque Andalucía, gobernada por PSOE e IU, está a la cabeza, con 400 imputados, está a la cabeza. Solo cuatro comunidades se libran de casos de corrupción. Y entre ellas no está Castilla y León, precisamente.