Una de las nefandas consecuencias que ha tenido la crisis en España y su torpe gestión, aparte de la situación económica de cada cual y de todo el país en general, ha sido la merma considerable en la calidad de los servicios básicos que conforman el estado del bienestar. Una responsabilidad que recae directamente en Zapatero, en primer lugar, que ni supo reconocer ni aceptó ni consiguió frenar el impacto de la crisis y cuando lo intentó ya era demasiado tarde, y después Rajoy que, incumpliendo flagrantemente todas sus promesas electorales, hizo caer con sus medidas todo el peso de la situación sobre las clases más débiles, incluyendo la clases medias, mientras se dedicaba a proteger a la clase política de la que él forma parte, y centraba los recortes presupuestarios no en lo prescindible sino en lo imprescindible, caso de la sanidad y de la educación, con un desprecio absoluto al ciudadano de a pie. Nada más lógico que Zapatero y Rajoy se disputen el nada honroso titulo de peor presidente de la democracia.
Lo de la sanidad pública es un problema que aunque se sufre en todo el país, dada la degradación que ha socavado sibilinamente el sistema en estos últimos años, está teniendo una especial incidencia en Castilla y León como consecuencia de las erróneas medidas adoptadas por la Junta, con el ánimo de ahorrar, han dicho. ¿Ahorrar? Que pregunten a cada uno de los castellanoleoneses y les hará una lista completa con todo lo que se podría ahorrar, empezando con los políticos, y no con la salud. La salud ajena, claro, porque ellos, los que tienen la sartén por el mango, llegado el caso nunca sufren tales carencias pues, como en todo, reciben el trato de privilegiados que se han otorgado a sí mismos. En una región casi despoblada, que ha de recurrir a la emigración ahora como antes, y con uno de los mayores índices de ancianidad, se legisla o se gestiona desde los despachos, sin pensar para nada en el lado humano del asunto, en las personas, que es lo que más tenía que importar, en esas mujeres y hombres, cargados de años y de achaques, de movilidad reducida, que no saben si encontrarán a su médico en la consulta o a un sustituto y que han de ir cada mes a por sus recetas para las enfermedades crónicas.
Pilla lejos, claro, pero en Estados Unidos se acaba de poner en marcha una reforma, una medida más dentro del plan de Obama en su empeño de mejorar la sanidad pública, dedicada con exclusividad al tratamiento de las personas mayores de 65 años, dependientes del programa gubernamental Medicare, que viene a ser como la seguridad social y eso que allí la infraestructura sanitaria es bien distinta. Es un programa de coordinación de cuidados para ayudar a los pacientes a mantenerse en condiciones saludables y se desarrolla a través de los médicos de cabecera, que van a cobrar aparte por este servicio, y que comprende entre otras funciones ajustar de forma continuada los medicamentos, informar con detalle a los especialistas del historial clínico, seguir el estado general de salud, no solo de las afecciones, y prestar una atención especial y personalizada a través del teléfono las 24 horas del día, sin que tengan que pasar por consulta, a los pacientes con enfermedades crónicas, que son la mayoría.
