Incluso Amancio Ortega está en números rojos. Por lo menos con Hacienda a la que deberá pagar la friolera de 33 millones de euros. Deuda que viene de atrás. Peor es lo de las comunidades autónomas. Deberían hacérselo mirar. Sus deudas y su morosidad son producto, sin duda alguna, de una pésima gestión. Y alguien tendrá la culpa de ello, digo yo. Vale ya de pasarse la bola unos a otros. Como vale ya de despotricar de los jueces que hacen su labor. Los socialistas contra la jueza Alaya por desmantelar el feo asunto de los Egc andaluces y poner contra las cuerdas a importantísimos dirigentes socialistas, los populares contra el juez Ruz porque está dispuesto a llegar más allá de Bárcenas. En fin.
Las comunidades autónomas deben y deben mucho dinero, unas más que otras pero todas están en números rojos porque sus gestiones no han sido ni eficientes ni eficaces. Las CC AA deben a las universidades públicas españolas 1.061.177,5 millones de euros. A las farmacias, las otras grandes perjudicadas, deben 797,82 millones de euros. Todo lo dicho se desprende de la memoria de impacto normativo del decreto ley de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. Pero, ¿qué han hecho con el dinero? Y que no nos vengan con el antihigiénico rollo de que lo han invertido en los ciudadanos. ¡A otro perro con ese hueso!
El documento citado busca poner el contador de la deuda comercial a cero con carácter previo a la implantación de la factura electrónica, el registro contable y el período medio de pagos. Otra cosa es que lo consigan. Porque algunas están para el rescate o puede que incluso para su desaparición como tal. En materia de universidades, la comunidad autónoma que mayor deuda concentra es Andalucía, con 500 millones de euros, seguida de Cataluña con 226,3 millones de euros, y la Comunidad Valenciana con otros 208,69 millones. «Peccata minuta». Eso sí, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, la Región de Murcia, Navarra y La Rioja tienen saneadas sus cuentas con las universidades públicas en su ámbito competencial.
Eso por un lado, pero es que en materia farmacéutica hay otro desastre. La mayor concentración de facturas pendientes de pago se sitúa en Valencia, con 191,72 millones; seguido de Cataluña con 169,95 millones, Murcia con 125,36 millones y País Vasco con 123,22 millones. El decreto del Gobierno busca dar una solución extraordinaria, temporal y urgente al problema de morosidad de las administraciones públicas. Pero, oiga, una vez resuelto, ¿Volverán a las andadas? ¿Habrá segundas partes? ¿Seguirán tirando de largo? Esta gente en cuanto se ve con dinero, no es que lo gaste convenientemente, es que lo dilapida. Y, ¿sabe usted quienes son los directamente perjudicados? Es muy fácil: los ciudadanos. Los que estamos notando en nuestros bolsillos, en nuestra salud y en nuestra educación la mala gestión y la incompetencia de los distintos Gobiernos de la nación y las comunidades autónomas que constituyen por sí solas una auténtica sangría.
Parece que Castilla y León no es de las peores. Pero puede ser pionera en recortes que nos van a dejar a todos de un aire. Pongamos que hablo de la Sanidad.
