En la persona del «president» catalán se invierten los términos del aforismo que la crisis ha puesto de moda. Artur Mas va a menos en el liderazgo de la causa soberanista, capitalizada por Esquerra con una previsión de voto electoral que ya supera la de CiU. Añádase a ello el riesgo siempre abierto de una radicalización que rompería la alianza con Unió Democrática y la respuesta nula a la ansiosa búsqueda de padrinos exteriores. Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, acaba de declarar que el referéndum sobre el derecho a decidir es un asunto interno de España y no tiene otro marco que el de la Constitución Española. Si la exégesis correcta atribuye el refrendo a todos los españoles, el carpetazo será clamoroso. Y si se restringe a los ciudadanos de Cataluña, sabremos de una vez cuántos llegan como independentistas a las urnas y cuántos no. Muchos partidarios del derecho a decidir no lo son de la independencia, y esto impone una exquisita precisión la pregunta para atajar lecturas de parte. De poco valdrían con el conflicto eternizado en impugnaciones.

Los grandes gestos aparentemente emocionales, como el «Concert per la llibertat» del 29 de junio, movilizó centenares de autobuses gratuitos por toda Cataluña para llenar el Nou Camp barcelonés con 90.000 personas. Un número muy respetable y un procedimiento que hace evocar ciertos mítines masivos de una historia no tan lejana. Pero hay más de siete millones de ciudadanos catalanes de pleno derecho, que en su inmensa mayoría ni ha estado en «diadas» reivindicativas ni en concentraciones con el señuelo de la libertad, que tampoco significa soberanismo y menos segregación. Una llamada a la que, por cierto, no acudieron Mas ni Duran i Lleida, ambos requeridos por más importantes compromisos, mientras que Oriol Junqueras y toda su Esquerra se volcaron en peso... aunque no fuese -decían- una cita política.

El documento del Parlament que declaró a Cataluña «sujeto jurídico y político soberano» encalló en el Tribunal Constitucional, que se ha dado cinco meses para estudiar la respuesta. Entretanto, Esquerra presiona a Mas para que ponga fecha a una consulta no pedida por la probable mitad de la población catalana ni admitida por las instancias del estado facultadas para hacerlo. Convocar a las bravas sería un gesto insurreccional que la sola aplicación de la legislación del estado anularía automáticamente aun cuando, en hipótesis, no reprimiera la celebración. Fiel a su talante, Rajoy no se da prisa en facilitar a Mas la salida alternativa, que no podrá pasar de una fórmula genérica del derecho a decidir, común a todos los españoles en el sistema de libertad que «nos hemos dado» -frase hecha que ya muchos cuestionan dentro del sistema- reforzada por alguna concesión compensatoria que, si es de naturaleza idiomática, congelaría las ocurrencias de Wert; y si es económica, romperá el equilibrio inestable de los conciertos y los cupos con el régimen general de financiación. Con otra pretensión, seguirá Mas a menos hasta acabar en nada.