Al grito «justicia por doña Inés», responde la novicia enamorada del Tenorio matón: «Pero no, contra don Juan». Y en romance de la muerte ominosa del favorito don Álvaro de Luna, se recuerda que «justicia queremos todos, pero no por nuestra casa». Se cita a troche y moche el principio de la igualdad ante la Ley, que muchos ignoran cuando no les conviene invocarlo acaso porque se consideran irreprochables y se creen intocables. Es cierto que al sospechoso le asiste el derecho a la presunción de inocencia por parte de los demás, pero en su fuero interno el sabe a qué atenerse. Pocas cosas enfadan y duelen al pueblo tanto como la impunidad, real o sospechada, de políticos que juzga merecedores de condena. El caso es que socialistas y peperos se han acusado «ad invicem» de casos tan numerosos y graves de corrupción que el pueblo con la lógica del sentido común ha llegado al convencimiento de que la corrupción política es general. Probablemente sea una opinión exagerada, pero presenta tal apariencia de verdadera, compartida y firme que a los partidos les resultaría muy difícil cambiarla si es que un día se lo propusieran; pero al día de hoy, socialistas y peperos parecen más empeñados en engordar y consolidar, con acusaciones intercambiables, esa triste fama de corrupción enquistada y costrosa. Hace pocos días, y con ocasión de actuaciones judiciales en el intrincado e inagotable «caso Bárcenas», un notable del PP las atribuía a un intento de causa general; idéntica acusación han formulado los socialistas contra la instrucción sin prisas y sin pausa de la juez Mercedes Alaya, en el no menos intrincado y escandaloso caso de los ERE. ¿Causa general?: No, muchas causas porque innumerables son los casos de la corrupción general.
Intocables y mandones se muestran ciertos políticos ante la justicia; no solo pretenden garantizarse sentencias favorables, lo cual no deja de ser propio de la humana condición; en algunas ocasiones parece que ponen particular empeño en programar y orientar la actividad que en exclusiva compete a los jueces. PSOE y PP se alternan en acusarse ante los tribunales. Este es el espectáculo bochornoso que la política de partidos ofrece al hacer real la fábula del diálogo de la sartén y el cazo. Se trata de un debate entre sordos recalcitrante, inútil de raíz y de propósito. Si ambos adolecen del mismo mal; ¿por qué se niegan a aplicarse la receta que mandan tomar al contrario? Mi recordado compañero Dámaso Santos, comentarista político y autorizado crítico literario, solía recordar una ingeniosa salida del socialista Indalecio Prieto: la derecha gobernante había sacado adelante, contra la opinión cerrada de la izquierda, un reglamento; ¿lo anularán ustedes cuando consigan el poder?: No, contestó «don Inda»; se lo aplicaremos a los enemigos. Diríase que la política ha invertido el consejo cristiano de no hacer ni desear ni causar al prójimo lo que no queremos para nosotros.
Toca ahora al PSOE denunciar «causa general» en su contra la juez de los ERE ha agregado a la muy larga lista de imputados a Magdalena Álvarez, ministra inolvidable de Fomento y a otros diecinueve cargos de la atribulada Junta de Andalucía. «La imputación no significa absolutamente nada» en apresurada y sorprendente sentencia del expresidente Manuel Chaves. Vamos que es como la gaseosa para el bebedor de estómago delicado. Dios no lo quiera, pero ¿diría lo mismo Chaves si se viera implicado en alguna ocasión? Si esa situación judicial parece tan inane a los socialistas, ¿por qué han salido en tropel contra la decisión de la juez Alaya? Bienaventurada mujer al ser vilipendiada y perseguida por intentar impartir justicia. Su doliente figura se me antoja una tentación para un pintor capaz de reflejar la época: hierática, absorta, imperturbable, silenciosa, débil y triste la vemos tirando del carrito donde imaginamos «vere languores» de la corrupción. Con el tiempo podría ser recordada como asendereada imagen de la justicia.
