Eso es lo que van a hacer desde el año entrante los funcionarios de la Junta de Castilla y León, según han anunciado: denunciar por vía penal y presunto delito de prevaricación, cuantos casos se vayan conociendo de despilfarro del dinero público. No se hacen ilusiones, por motivos obvios, de los resultados prácticos de su iniciativa, pero aun así van a hacerlo.

Y es que las últimas noticias conocidas acerca de los presupuestos de la región para el año próximo han encrespado aun más los ánimos de una región que es una de las de mayor inflación después de Cataluña. Resulta que, además de esos 1.800 euros mensuales que, aparte del sueldo, cobran los procuradores que forman la Mesa de las Cortes para dietas de kilometraje, cuando encima disponen de coche oficial, faltaría más, las cuentas para 20l3 contemplan cinco millones de euros para el abono de gastos, dietas y kilometraje por asistencia a plenos y comisiones de la Cámara.

Naturalmente, tanto los del PP, como los del PSOE, como los del grupo mixto, están de acuerdo en el mantenimiento de sus privilegios. Alegría, alegría, que lo paga el pueblo. Hasta los procuradores regionales, que nadie sabe ni quienes son ni qué hacen aparte de apretar el botón que les mande su partido, se creen un bien de Estado. Claro que de esa concepción participan hoy día incluso los concejales, que son como la clase de tropa de la casta política vigente, cuya mediocridad es ya patética.

Cualquiera que vaya estos días por Valladolid se encontrará con manifestaciones y pancartas por cualquier lado: los funcionarios, los pensionistas, los jueces, los médicos? Protestan pero, en el fondo de sus actitudes, parece patente el desánimo más absoluto, porque saben que todo va a seguir igual y que cuando lleguen las elecciones, las que sean, la gente va a ir a votar, pese a tanta indignación, pese a tanta queja, perpetuando el sistema, cuando eso, el no ir a votar, podía ser el primer de la regeneración política. Pero los que gobiernan ponen las orejeras y siguen rectos su camino sin mirar a los lados, encabezados por un presidente que pasará a la pequeña historia de la comunidad como su peor mandatario.

Comentaba hace poco, allí, en la capital de la región, un ex alto cargo de Aznar en Castilla y León que le produce apuro salir a la calle últimamente, y no es de extrañar. En algún restaurante vallisoletano me cuentan que hay clientes que se van si ven entrar a un político. Por si las moscas, en Zamora no ha habido inauguración oficial de ese inmenso despilfarro del Consejo Consultivo. Rosa Díez, la líder de UPyD ha pedido a Rajoy que se vaya, que esto es demasiado para él, algo cada día más evidente. Y uno de cada cuatro españoles quiere volver al Estado centralizado y acabar con la ruina de las autonomías, desdichado invento que solo ha producido sinsabores y dramas de todo tipo.

Pero eso: que no va a haber nunca ningún cambio, por mucho que ahora el Gobierno y el principal partido de la oposición hagan el paripé de una reforma administrativa. Y no van a cambiar porque ellos, PP y PSOE, son los grandes y eternos beneficiarios del perverso sistema implantado.