Vuelve a surgir, una vez más, el viejo debate acerca de si deben aumentarse los límites de velocidad en las carreteras españolas. Una discusión sin consecuencias hasta la fecha debido a que son muchos más, la sociedad en general, los que optan por la prudencia y el sentido común pues, sin necesidad de estadísticas, solo de una mínima experiencia, reconocen que precisamente esa: la velocidad excesiva o inadecuada, es una de las causas principales de los accidentes de tráfico.
Pero retorna el tema y lo peor es que esta vez llega impulsado a través del mismo Gobierno que ha enviado al Congreso el estudio de tal posibilidad a la que se han opuesto, de entrada, las asociaciones de víctimas de la carretera y que ha dejado un tanto perpleja a la ciudadanía, que no entiende esta urgente preocupación gubernamental y piensa con buen criterio que existen ahora miles de cosas y problemas más importantes y acuciantes que solucionar que los límites de velocidad. Que, por otra parte, y a tenor de cómo han bajado los números de muertos en la red viaria nacional, se muestran muy eficaces.
¿A qué viene, pues, que el Gobierno salga con esta historia? Pues tiene su razón de ser, según parece, porque la reforma propuesta no sería general sino a poner en práctica exclusivamente en las autopistas, o sea en las autovías de peaje, tan abundantes en ciertas zonas del país, como las del litoral Mediterráneo. Y donde resulta que la crisis imperante y galopante que se sufre ha originado una gran disminución del total de vehículos que previo pago circulan por ellas, lo que a su vez ha dado que las empresas concesionarias que explotan estas vías se encuentren cercanas a la quiebra.
Y a alguien se le ha ocurrido ahora, como consecuencia, y para tratar de reactivar el sector, ampliar los límites de velocidad por autopista a 140 kilómetros por hora, 20 kilómetros más que los marcados por las normas en la actualidad. Límites de 140 que se incrementarían pronto de hecho, con todo lo que ello supone. Cuando tantas campañas oficiales ha hecho la Dirección General de Tráfico recordando que la velocidad mata, llega algún iluminado y suelta la idea, pensando en poder recaudar más dinero para la hacienda pública, que es de lo que se trata.
Nada parece más dudoso, sin embargo. Que se pueda circular más rápidamente no iba a significar que el usuario normal de las autopistas pague por ello. Sobre todo, teniendo en cuenta, para ese usuario normal, que a más velocidad mayor consumo de combustible. Y al precio que está y sin perspectivas de bajadas, pese a las últimas y ligeras oscilaciones. Por supuesto que siempre habrá locos de la velocidad a los que esa posibilidad de poder circular más deprisa les interese y paguen a gusto por ello. Pero no son mayoría, ni mucho menos, especialmente si para ello hay que rascarse el bolsillo.
En fin, que más vale que el Gobierno deje las cosas como están, al menos estas, que encima acarrean riesgos humanos. Ya ha hecho bastante en un año aumentando el paro con sus medidas, rebajando o congelando sueldos y subiendo impuestos.
