Parece que el malestar existente entre la población ha llegado a los refugios de invierno de la clase política española y en consecuencia el Gobierno ha decidido acelerar esa reforma que se pretende y tanto tiempo se lleva anunciado de las administraciones públicas y que, seguramente, no va a ser más que un vago intento de cambiar algo para que todo siga igual. Pero han llegado a entender, se supone, que la gente está harta de que todos los recortes y ajustes caigan siempre sobre las espaldas de los mismos, mientras los políticos siguen disfrutando de su buen pasar, por lo que han decidido destensar un poco la cuerda, al menos de cara a la calle.

Así que han determinado que este mismo mes se pase al PSOE, el principal partido de la oposición, un borrador con parte de las reformas que se preconizan, pues desde La Moncloa se afirma que en este asunto se quiere llegar a un consenso con los socialistas. Pese a que el PP tiene mayoría absoluta. Lo cual ya es raro, pues que se sepa Rajoy no ha consultado para nada con el conspicuo Rubalcaba ni la rebaja salarial de los funcionarios, ni las importantes subidas de impuestos, ni el pasarse la ley por el arco del triunfo en lo que atañe a los pensionistas. Pero ahora han de consultar al PSOE los cambios en la Administración. ¿Por qué? Porque esto es algo que atañe directamente a los partidos y a sus muchos militantes que viven de la política.

La reforma no comenzará por el escalón superior, por el Estado, ni siquiera por esa polémica administración autonómica, causa de la ruina de España, sino por el peldaño más bajo y modesto: el de la administración local, la que rige la vida de los municipios. Justifican que son medidas que urgen para acabar con los excesos que se han venido cometiendo y que han causado unas deudas inmensas. Reducción de sueldos, reducción de ediles, y reducción de asesores y liberados. ¿Nos lo creemos? Por lo pronto, los alcaldes ya han dicho que nones. Habrá que ver lo que pasa. Pero en todo caso, estas medidas, si se aprueban, y algunas se van a aprobar porque lo exige Bruselas, no entrarán en vigor hasta las próximas elecciones, lo que significa que hay mucho tiempo todavía por delante. Las subidas de impuestos y las rebajas de los sueldos públicos han entrado en vigor en el acto, pero para las modificaciones que puedan afectar a los políticos hay siempre la mayor de las consideraciones.

Después, se irá a la reforma administrativa de las autonomías, que es donde más se necesita entrar a saco y sin contemplaciones. Pero es donde más contemplaciones habrá y donde más gaitas se templarán, habida cuenta, sobre todo, de que la mayoría de los reinos de taifas aparecen gobernados por el PP. Los dirigentes regionales ponen toda la resistencia posible a cualquier cambio, y en especial a una exigencia de la Unión Europea: acabar con los organismos paralelos, duplicados de la administración central, un inmenso gasto innecesario e inútil por entero. Pero se duda que Rajoy sea capaz de dar un puñetazo en la mesa, sacar el látigo y hacer pasar a los suyos por el aro.