Es que ni durante la tregua de las vacaciones agosteñas cesan este año las polémicas de actualidad en torno a la situación que sufre el país y que sufren el 81 por ciento de los españoles, esos cuyos ingresos anuales no superan los 30.000 euros. Normal, con tan convulso panorama sin esperanza de cambio inmediato. Se habla, se debate, se discute, y no solo en los medios y en la calle, del asalto al supermercado de Écija de las huestes del comunista Gordillo, de los artículos de Pérez Reverte sobre la clase política que se padece y tanto preocupa, de la sanidad para los inmigrantes ilegales, de las autonomías, y de otras cosas, que los problemas son precisamente los que nunca faltan, ni en vacaciones.
Lo del alcalde de Marinaleda y diputado regional de IU ha merecido la más rotunda repulsa de la inmensa mayoría, tanto de derechas como de izquierdas, pero no faltan, sobre todo en internet, los que defienden al peripatético personaje, que no cesa de anunciar que continuarán los asaltos y las ocupaciones como una manera de llamar la atención. Una peligrosa manera. Solo días después de los asaltos en Écija y Sevilla, una veintena de jóvenes entraron a saco en un supermercado de Sevilla y se llevaron todo lo que pudieron, que no eran alimentos básicos precisamente, sino whisky, jamón de bellota, langostinos y de paso 600 euros. Luego han dicho que esperan ser tratados como los sindicalistas, puestos en libertad a las pocas horas de ser detenidos. Es otra de las graves consecuencias del desprestigio de los políticos: que pueden surgir líderes populistas de la calaña de Gordillo.
Por eso, precisamente, pide Pérez Reverte, convertido en el amo de la opinión publicada y cuyos artículos son cada día más esperados y celebrados, que los políticos, al menos lo que van en candidaturas de listas cerradas, tengan que superar antes una oposición, una prueba que demuestre su preparación. Esa es la clave del éxito del novelista y académico: que conecta con la gente, que escribe lo que la gente de la calle piensa y dice. Porque no se entiende que cualquier empleado público haya de pasar un examen, hasta los empleados de la limpieza en muchos casos, y a una persona que ha de gestionar los intereses y los dineros públicos no se le exija ninguna demostración de su capacidad, de sus conocimientos, de su cultura, de su sentido de la ética y la moral. No, qué va: vale cualquiera y para todo. Así nos va. Por mucho que a algunos se les llene la boca diciendo que esa es la grandeza de la democracia y tal.
El otro tema que más polémica suscita, una vez resuelta favorablemente la continuidad del pago de 400 euros al mes a los parados que hayan agotado sus percepciones, es el de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, que se calcula que pueden ser en España unos 150.000, nada menos, lo que demuestra dónde ha llegado la desastrosa política de Zapatero de la manga ancha. El Gobierno quiere que los inmigrantes en tal situación paguen unos 60 euros al mes para garantizar su atención médica. Parece razonable la idea, aunque utópica. El PSOE se opone, y también parte del personal sanitario. Pero es evidente que algo hay que hacer porque el sistema de salud pública no resiste seguir como hasta ahora.
