Según la última memoria de Hacienda dada a conocer, el número de ricos ha disminuido en España en los años de la crisis, a juzgar por sus declaraciones del impuesto sobre la renta. Así, solo 6.850 contribuyentes declararon ingresos superiores a los 600.000 euros anuales. En total, 1.200 menos que el año pasado. Esa es la cifra oficial. Luego está, claro, la ingeniería fiscal, en forma de sociedades y otras muchas formas, y por supuesto la salida de dinero hacia otros destinos fácilmente imaginables. Frente a ellos, los ciudadanos con rentas inferiores a los 30.000 euros al año ascienden a 15,6 millones, o sea el 81 por ciento de los declarantes del IRPF, la gran masa a la que más se estruja. Encima, con pésimas consecuencias, pues como ya se sabe la última subida del IVA ha supuesto en las arcas del Estado un 10 por ciento menos en el consumo y la recaudación.

Pese a todo ello el Gobierno nos espera al regreso de las vacaciones con una nueva y feroz vuelta de tuerca impositiva: un 3 por ciento más de IVA que en muchos, muchísimos casos de uso generalizado, supondrá un 13 por ciento más, lo que se va a notar en el precio final que tendrá que abonar el consumido consumidor, desdichado pagano de la crisis. No es tan de extrañar que algunos vaticinen un estallido social para el otoño, aunque ello no signifique esos intolerables asaltos a establecimientos y ocupaciones de fincas que han protagonizado, en Andalucía, piquetes de extrema izquierda sindical, liderados por el comunista Gordillo, que para más inri es diputado autonómico por IU. Algunas de las fotografías difundidas sobre estos hechos recuerdan otras de tiempos lejanos, e inquietan y preocupan. El Gobierno, que no se ha andado con contemplaciones a la hora de finiquitar algunas oficializaciones motivadoras de resentimiento y división entre españoles, puestas en práctica en la desdichada era Zapatero, debe actuar con rotundidad si no quiere que la situación se le vaya aun más de las manos.

Si mal, muy mal, están las cosas, hay que evitar, como sea, que se pongan peor. Pero para ello Rajoy y su partido tienen que conectar con la calle, algo que nunca han logrado y siguen sin lograr. Salvar el rescate europeo, con todo lo que ello supondría, tiene que copar todos los esfuerzos del Gobierno. Y a la par, poner en marcha medidas que sirvan para elevar, aunque solo sea un poco, la moral de la sociedad, que está por los suelos. Pero no basta con gestos en los que ya tampoco se cree, como tratar de frenar el derroche de las comunidades. Ahí está Galicia, que anuncia que va a suprimir 14 escaños de su asamblea, cuando sea, y luego crea un comedor VIP para ellos, un comedor reservado para que nadie pueda ver cómo se gasta alegremente el dinero de los contribuyentes. No, hay que ir a cosas más concretas. Algunas voces piden ya un referendo nacional para suprimir las autonomías. O al menos, reordenar el territorio, con la mitad o menos de comunidades. Y dejando al mínimo las instituciones, sus altos cargos, asesores, personal de confianza y enchufados en general. Y reduciendo el número de municipios del país. Pero nada de esto ocurrirá, y será el pueblo, como siempre, el que tendrá que bailar con la más pobre y la más fea.