Leer para creer. Es como volver al pasado, o casi, cuando los concejales o los diputados provinciales no cobraban sueldo alguno. Si acaso, unas pequeñas dietas. Los alcaldes y los presidentes de la Diputación, sí, tenían unas percepciones bastante ajustadas, aunque a cambio ni se les exigía dedicación completa. En los comienzos de mi carrera periodística fui redactor algún tiempo de información municipal, en Valladolid, y muchas veces localizaba al alcalde, o a los alcaldes pues hubo varios en esa época, en su despacho profesional, en su comercio, o en su negocio. Lo bueno es que aquellos Ayuntamientos, que gestionaban los funcionarios, que para eso están, hicieron tanto, cuando no más, que los de ahora llenos de personal de confianza y de deudas inmensas que luego pagan los contribuyentes.

El caso es que un alcalde de la España de ahora mismo, la España de la crisis, ha renunciado a su sueldo y no por incompatibilidad, ni nada de eso, sino porque lo considera de justicia y necesario para ahorrar dinero al Consistorio que preside, el de la popular ciudad veraniega de Gandía. El regidor, del PP, ya no cobrará los 53.000 euros anuales que le correspondían, lo cual tampoco era excesivo en comparación con lo que perciben algunos y algunas en el mismo puesto. Pero no para ahí la cosa pues con un Ayuntamiento lleno de deudas, como todos, ha puesto en vigor una serie de medidas destinadas a ahorrar medio millón de euros cada año. Ha retirado las pagas extra a los concejales, ha eliminado los secretarios de grupo y ha quitado dedicaciones exclusivas? aunque solo a los ediles de la oposición. A cada grupo le han sido asignados 1.000 euros mensuales y 600 por cada concejal y de ahí, si quieren, tendrán que pagar secretarios, ayudantes, asesores e incluso muebles o material de trabajo. El alcalde, Arturo Torró, tiene muy claro que son los políticos los que han de empezar a dar ejemplo, pues no se puede decir a la gente que se apriete el cinturón mientras ellos se van de rositas.

Pero si este es un ejemplo, que no cundirá, de cómo hay que servir en política, los que más proliferan y abundan son los que expresan y demuestran todo lo contrario, que están en política para servirse y lo más posible. Un caso llamativo es la carta del ministro de Hacienda a los muchos ex altos cargos existentes, invitándoles a que renuncien a la paga de indemnización, otro de los infinitos privilegios que se otorgó a sí misma la casta política y que consiste en cobrar durante dos años el 80 por ciento de lo que recibían como salario en sus puestos anteriores. Pues bien, de las cien cartas remitidas por Montoro solo 41 han contestado, al menos por ahora, 25 para decir que nones, y 16 renunciando a esa paga, casi todos miembros del último Gobierno socialista empezando por Zapatero. Únicamente la exministra Sinde, tan ética ella con la piratería en internet, no ha renunciado a la sustanciosa remuneración.

Y otro más, flagrante: que 63 parlamentarios, entre ellos varios ministros del Gobierno, sigan aún cobrando dietas de alojamiento en Madrid cuando tienen reconocida la propiedad de viviendas en la capital de España, donde viven, aunque representen a los partidos de otras provincias.