El presidente del Gobierno tiene entre sus planes de recortes, que como ya ha anunciado se van a prolongar durante toda la legislatura, el evitar la grave reiteración de funciones que se producen entre las distintas administraciones, la central, las regionales y las locales, de tan caro coste, inasumible por completo en las duras circunstancias económicas actuales.

Incluso, y sin entrar en la parte oficial del asunto, ya se ha referido a la necesidad de fusionar los municipios menores para evitar el enorme gasto total que conlleva su administración. Un asunto grave y delicado, dado los acendrados sentimientos localistas y los intereses consiguientes, pero que el Gobierno tiene que abordar. Lo que no puede ser es que una provincia como Zamora tenga nada menos que 248 ayuntamientos, el 90 por ciento de los cuales no llega siquiera a los 1.000 habitantes.

Resulta tan llamativa y tan flagrante la dispersión poblacional de algunas regiones como Castilla y León con sus más de 2.200 municipios en total, que la Junta lleva tiempo trabajando en un plan de nueva ordenación del territorio. Pero se supone que es hacer como si algo cambia para que todo siga igual. Una parte más de la ofensiva por sostener la situación, que supone un rico vivero del clientelismo político. Por eso, el anuncio desde el Gobierno ha causado inquietud tanto a nivel regional como provincial.

En Zamora, solo hay 20 pueblos con más de mil habitantes. Y solo son tres los municipios con un censo de más de cinco mil personas: la propia capital, Benavente y Toro. Es un nítido reflejo de lo que ocurre en el total de la comunidad. Así que algo hay que hacer, porque el Gobierno no parece dispuesto a mantener la aberrante división administrativa actual, lo mismo que ocurre en otros países del ámbito europeo lastrados por la crisis y que están, como España, al borde del abismo.

Y ahí entra en juego y en debate el papel de las diputaciones, pues al disminuir drásticamente, sea por imposición o por un deseo voluntario de agrupación, el número de municipios, no habría ya justificación alguna para mantener un sistema de gestión obsoleto, que si fue muy adecuado en sus tiempos, no cumple ahora, desde la descentralización autonómica, función necesaria alguna. Que los presidentes de diputaciones las defiendan como gato panza arriba es lógico y humano pero nada más.

Según se ha calculado, prescindir de las diputaciones supondría un ahorro de 25.000 millones de euros. Y eso, cuando el Gobierno ha recortado servicios tan básicos como la sanidad y la educación para dejar en la caja del Estado 10.000 millones más, es muy importante. Además, la fusión de municipios menores y la gestión directa de las comunidades solucionaría carencias y precariedades y permitiría reorganizar competencias y servicios en los núcleos rurales, tan necesitados de atención.

A Rajoy se le acumulan, en fin, los problemas. Pero tendrá que ir tocando, poco a poco, todas las teclas y parece que está en ello. Solo que tiene que cambiar el sentido de las reformas y no dirigirlas únicamente hacia fuera, como hasta la fecha, sino hacia dentro también y muy en profundidad.