Es de sobra conocido que hay empresas públicas con más consejeros que trabajadores. Gentes afectas al amiguismo y a la política que tienen la vida hecha participando como consejeros en cuantas empresas pueden o los dejan. Gente que por asistir a un consejo cobran una pasta gansa sin despeinarse. A esa gente es a la que el Gobierno debe meter mano, poniéndola fuera de juego de inmediato. Menos tocarnos el bolsillo a los de siempre, funcionarios incluidos y convertidos ya en muñecos del pim pam pum, y más pasar la tijera por las empresas públicas, muchas de las cuales habría que borrar del mapa por su inoperancia, su ineficacia y su ineficiencia.

Menos mal que alguien con dos dedos de frente ha debido decir, hasta aquí hemos llegado y de aquí no pasamos, dada la sangría que se viene arrastrando Gobierno tras Gobierno, y el último consejo de ministros ha actuado en consecuencia. Se ha aprobado un fuerte recorte del sector público empresarial que, dada su envergadura, supone un auténtico hachazo para las empresas públicas. Ya era hora. Basta de alimentar vagos con cargo a los presupuestos. De una tacada se ha propuesto la extinción de 24 sociedades mercantiles estatales o lo que es igual, el 17% del total de sociedades donde el Estado controla más del 50% de participación, la desinversión en ocho sociedades y la liquidación de otras 13. Un tercio de este tipo de empresas públicas va a pasar a mejor vida. Han tardado mucho.

Y no solo eso habrá desinversiones en otras 35 sociedades mercantiles donde la participación pública estatal es minoritaria, lo que viene a significar que un total de 80 empresas públicas serán objeto de supresión, desinversión o agilización de su liquidación. Estaban tardando mucho en ponerse manos a la obra, con los caladeros que tienen desde hace treinta y tantos años. Esos coladeros pueden hacerse extensibles a las comunidades autónomas. El día en que metan la tijera se darán cuenta de por qué no les cuadraban las cuentas. Por cierto, como la mayoría de empresas que pasan a mejor vida tenían un mínimo de plantilla y algunas incluso solo tenían al frente un administrador que a buen seguro se ha estado poniendo las botas (piensa mal y te quedarás corto), la simplificación afecta a presidentes y a consejeros de administración, justo los que sobran, justo en los que el Gobierno tenía que haber hecho recaer su atención preferente antes de empuñar la tijera de sastre y cortarnos a todos un traje tan estrecho que si lo abotonamos no nos deja respirar.

Si hay que aplicar criterios de eficiencia, economía y estabilidad presupuestaria que se empiece y continúe por todo el sobrante que afecta también a comunidades y ayuntamientos. Tenga en cuenta que la eliminación de las empresas citadas reducirá en 154 el número de consejeros, lo que supondrá un ahorro de algo más de un millón de euros solo en dietas. Una vergüenza con la que había que acabar por fuerza. Hay que animar al Gobierno para que siga dando hachazos en esa dirección. Y se olvide un poco de los primeros que se acuerda cuando de tocarnos el bolsillo se trata.