Parece que la ley de Murphy, esa que asegura que todo lo que es susceptible de empeorar acaba empeorando, se sigue cumpliendo inexorable y fatalmente en la España de la crisis. Nos acaban de subir los impuestos y bajar los sueldos y pensiones, pero como todo el mundo se temía, empezando por el propio presidente del Gobierno, la cosa no va a acabar ahí. A Rajoy que intentó fijar el déficit previsto en el 5,8, un criterio realista que hay que agradecer, por encima del teórico 4,4 que concedía la Comisión Europea, los de Bruselas le han impuesto, finalmente, el 5,3. Bueno, vale. Pero eso supone otro recorte más, pues es preciso ahorrar otros 5.000 millones de euros.
Que es fácil imaginarse de dónde van a salir: del bolsillo de los ciudadanos. Porque la sanidad y la educación no pueden tocarse más a la hora de los presupuestos. Así que se piensa ya en subir los impuestos indirectos e incluso los directos, como ocurrirá con los vehículos más contaminantes, que suelen ser los todoterrenos y en general los diésel. Y aún hay más, pues pese a la resistencia del Gobierno se da por hecho que este verano volverá a subir la luz, un siete por ciento, ya que parece ser que los tribunales han dado la razón a las muy todopoderosas compañías eléctricas.
La gente cree que esos 5.000 millones que hay que ahorrar bien podían recortarse de los gastos de los políticos. Menos sueldos, menos cargos de confianza, menos protocolo, menos coches oficiales, menos edificios y despachos, y cosas así en las que se derrochan tantos millones del dinero público. Pero a estas alturas de la película, de sobra se sabe que nada de eso va a ocurrir, y que poco se viene ahorrando realmente en esos conceptos, por mucho que gusten de pregonar lo contrario. No solo eso, sino que ese invento corporativo que es la Federación de Municipios ha tenido el tupé de proponer nuevos sueldos para los alcaldes y presidentes de Diputación.
Hay que tener valor con lo que se tiene encima. Y han sido precisamente los de la Federación Regional de Castilla y León los que han propuesto equiparar los salarios de los munícipes y de los presidentes de diputaciones, a los de los consejeros y a los viceconsejeros de la Junta. Los alcaldes de ciudades de más de 100.000 habitantes y los presidentes de las instituciones provinciales percibirían 71.776 euros al año, y los alcaldes de municipios con más de 50.000 vecinos se igualarían a los viceconsejeros que ganan 66.085 euros. A la alcaldesa de Zamora, que es la que más cobra entre los regidores de pequeñas poblaciones, le corresponderían 6.000 euros más, mientras que el presidente de la Diputación zamorana, que es el que menos cobra, incrementaría su sueldo en 15.000 euros más anuales.
Como no podía ser de otra manera, Maíllo y Valdeón han rechazado rotundamente tal aumento, asegurando que la propuesta era solo una opinión. Más preciso ha sido el alcalde de Valladolid, que gana más que el presidente del Gobierno, y que sería el único perjudicado pues perdería 20.000 euros al año, y que ha calificado de disparate la inoportuna ocurrencia, esperemos que ya olvidada.
