Ahora que el debate sobre la conveniencia o no de mantener las Diputaciones se ha hecho más patente y necesario tras ser uno de los temas debatidos en la televisión por Rubalcaba, que promete su supresión en caso de que ganase las elecciones del día 20 y un Rajoy que da la impresión de que se aferra a las obsoletas y carísimas instituciones provinciales más por el clientelismo político que se hace a través de las mismas que por otra cosa, ahora, lo ocurrido en Zamora con Trefacio viene a ser una muestra más del surrealista y absurdo papel que juegan, en realidad, estas administraciones cuya labor pueden cumplir de un modo infinitamente más satisfactorio los gobiernos regionales.

Ni siquiera el consabido argumento que manejan los del PP, y tampoco todos, a favor de las diputaciones por su cercanía a los municipios ha servido en este caso para nada. Cierto que la institución zamorana maneja un sólido argumento en este asunto al no querer ni poder hacerse cargo de las deudas contraídas por un Ayuntamiento, el de Trefacio, al que han tenido hasta que cortar el servicio eléctrico por no pagar. Pero también los del pueblo sanabrés, regido por un alcalde socialista, tienen razón al pedir ayuda, lógicamente, a la administración que entiende la gestión de los municipios. El alcalde y parte del pueblo se han echado a la calle y mientras el primer edil se venía andando a Zamora, más de cien kilómetros, los vecinos, casi un centenar de ellos, le esperaban a las puertas de la Diputación para hacer oír sus reivindicaciones, escuchadas por el presidente de la Corporación provincial.

Del encuentro ha surgido, por fortuna, un principio de acuerdo para tratar de resolver el problema planteado, y aunque, naturalmente, la Diputación no puede hacerse cargo de la deuda, la institución se ha comprometido a ayudar en lo posible para aliviar la situación, mediando ante las empresas y las entidades que sean necesarias. Realmente, las dos partes han obrado con sensatez y pragmatismo, pues ni la Diputación puede financiar deudas ajenas ni puede dejar abandonado a un pueblo que lo necesita, que en eso es precisamente en lo que los diputados provinciales tratan de justificar sus cargos. Y debiendo mucho dinero se encuentran actualmente, como se sabe, bastantes municipios de la provincia, empezando por la capital, una consecuencia de los alegres tiempos vividos antes tan irresponsablemente.

Porque este es un mal general. Deben las autonomías y los ayuntamientos de toda España tremendas cantidades, desde los de las grandes ciudades hasta los de los pueblos más pequeños. Por cierto, que Castilla y León es una de las comunidades que presenta mayor deuda en sus municipios, aunque esto no se suela contar desde la Junta. Puede que por tratarse de muchos ayuntamientos, aunque ciertamente, salvo los de Valladolid y Burgos y si acaso León y Salamanca, todos corresponden a núcleos urbanos de escasa población. Una situación muy dura y difícil, que no impide que el alcalde vallisoletano se permita el lujo de llamar payaso a un ciudadano que le dice en plena calle lo que todos piensan: que los políticos no ganen tanto, sobre todo para lo poco y mal que hacen en su mayoría.