30 de octubre de 2011
30.10.2011
EDITORIAL

El riesgo cierto de quiebra de muchos ayuntamientos zamoranos

La mala gestión y el despilfarro han provocado que 113 de los 248 municipios de la provincia estén endeudados

30.10.2011 | 00:53

Si a la provincia de Zamora hubiera que vestirla según el estado financiero de casi la mitad de sus ayuntamientos, el aspecto que ofrecería sería el de una harapienta menesterosa. La mala gestión y el despilfarro han provocado que 113 de los 248 municipios de la provincia estén endeudados, algunos de ellos en situaciones realmente angustiosas que han obligado incluso a cortar el alumbrado público. El ranking de la deuda viva de los ayuntamientos zamoranos (es decir, lo que se debe a los bancos) alcanza los 50 millones de euros, a los que habría que sumar las cantidades adeudadas a proveedores. La lista la encabezan la capital, Benavente, Toro y Coreses, este último con una deuda de un millón de euros aunque apenas supera los mil habitantes. Lo realmente alarmante es que buena parte de las administraciones locales son poblaciones de reducido tamaño donde resulta más difícil plantear cuestiones que utilizan los ayuntamientos más grandes a la hora de justificar la tiritona de sus cuentas como la asignatura pendiente de la financiación local dentro de la descentralización administrativa o la asunción de competencias impropias en servicios sociales.
Pobladura del Valle, un pueblo de 300 habitantes de la comarca benaventana, acaba de anunciar como medida de ahorro que elimina el móvil al alcalde y los concejales y se lo deja sólo al alguacil. Si cuestionamos el regalo de smartphones a diputados y senadores, ¿qué cabe decir de corporaciones de tan escasa dimensión que tiran de móvil hasta convertir las facturas telefónicas en una cuita para sus haciendas locales? Los propios mandatarios son los primeros que deberían dar ejemplo de respeto al dinero público, al dinero de todos. Pero la conciencia únicamente ha empezado a calar cuando la crisis ha hecho encallar la maquinaria del desmesurado gasto institucional.
La mala gestión de los gobernantes la paga doblemente el ciudadano, al que las administraciones exprimen los bolsillos cuando el déficit les aprieta y que tienen que apechugar con las consecuencias del ahorro impuesto. A los habitantes Peleas de Abajo, uno de los paradigmas provinciales de ayuntamientos en la ruina, les han subido 15 euros los recibos del agua mientras sus munícipes reconocen que no son capaces de recaudar ni la mitad del IBI. Otros vecinos, como los de Trefacio y los de la mencionada Pobladura, tendrán que andar a tientas por la calle en las largas noches de invierno, lo mismo que les ocurre a los de Almeida de Sayago, que trata de negociar con Iberdrola los 200.000 euros que debe en facturas de la luz.
Para completar este sombrío panorama sobre la habilidad de la gestión de muchos de nuestros munícipes, 51 ayuntamientos de la provincia han sido incapaces de liquidar sus cuentas a tiempo, de forma que el Gobierno estatal, que ya había avisado que esta vez iba en serio, les ha retenido los ingresos a cuenta de la recaudación fiscal del Estado. Las excusas de algunos municipios moverían a la risa si no fuera por la seriedad de sus consecuencias. Benavente argumenta, por ejemplo, que no le ha dado tiempo a llevar a cabo una aplicación informática. La mayoría de los alcaldes que se han quedado sin el adelanto estatal han señalado como responsables directos a las figuras de los secretarios de ayuntamiento, los funcionarios de más alta responsabilidad, que habitualmente reciben también los honorarios más altos de las administraciones locales y que son nombrados por la Junta de Castilla y León, aunque en la práctica dependen directamente de los regidores.
Esta fórmula se ha demostrado hasta ahora ineficaz. La falta de control por parte de una institución que homogenice y supervise los trabajos de los secretarios de todos los ayuntamientos explica gran parte de esa gestión deficiente que sufren los administrados. Hay pueblos por los que en dos años han pasado hasta ocho funcionarios por el mismo cargo. Seguramente serán estos casos los que tengan más excusa para no cumplir con las exigencias del Tribunal de Cuentas de entregar la liquidación en un plazo de un año. En otros no cabe hablar más que de desidia. La ordenación del territorio ofrece una buena ocasión para que o bien la Diputación o bien la Junta de Castilla y León ejerzan como órganos de control de la situación financiera de los ayuntamientos más pequeños. La historia demuestra que los reinos de Taifas no llegan muy lejos. En el caso de Zamora a lo más que han llegado es al borde del precipicio financiero.
También sería deseable que, por parte del Tribunal de Cuentas se ejerciera realmente esa función fiscalizadora que le atribuye la ley hasta las últimas consecuencias en la petición de responsabilidades. Es evidente que hace falta más control o filtros más eficaces. Y si la excusa es que esa ley no permite ir más allá de lo que se ha hecho en los últimos años, entonces, modifíquese por parte de los legisladores que saldrán elegidos el próximo 20 de noviembre para que el derroche público sea perseguido y sus responsables respondan de desmanes que ahora sólo sirven para escándalo de aquellos a los que pretenden gobernar.

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