Explicaba en el anterior artículo del mismo título el proceso depredador sufrido por el patrimonio inmobiliario de la ciudad a partir de los años 50 del pasado siglo, al que se intentó poner coto con la aprobación del Catálogo de Protección de los edificios incluidos en el primer Plan General. De todas formas este Catálogo, como veremos, llegó tarde y reveló sus limitaciones pues el plan, aparte de la protección de los edificios de claro interés monumental y arquitectónico, venía lastrado por un concepto del suelo como generador indiscriminado de aprovechamientos sin atender al carácter de los usos soportados históricamente y no anticipar el futuro de las tensiones que habrían de generarse en sus entornos próximos de tipo especulativo. Así, ya poseyeras una mansión o tuvieras una huerta, entrabas a poder aspirar a unos derechos de edificabilidad, como en una lotería con premio fijo, a costa de una ciudad que vería perdidas las posibilidades de rediseño generados a partir de espacios que originalmente permanecían encapsulados, con lo que solamente algunos edificios considerados como monumentales sobrevivirían como único testimonio del pasado histórico. Lo cual también era un mal anuncio para los propietarios del edificio protegido, que ya no compartían la suerte del resto de propietarios.
Todavía me estoy preguntando la pasividad con que la ciudad aceptó reformas que convirtieron en protagonistas a los propietarios de suelo y a la secuela de especuladores de oficio que brotaron como hongos. El destino al que fueron sentenciados edificios y entornos se hizo sin contemplaciones y ahora, con la perspectiva suficiente, podemos enjuiciar procesos con resultados tan diversos como los que paso a citar.
1. La reforma de la avenida, que aunque no tengo constancia documental está relacionada con el Plan Parcial La Candelaria promovido desde el Ministerio de la Vivienda, permitió suprimir conjuntos de chalés y de mansiones, edificios muchos de ellos dignos de figurar en Catálogo y que fueron demolidos sin alzarse voz alguna ante el desastre que se estaba cometiendo.
2. El Cuartel Viejo o el convento de las Claras eran objetivos principales entre los edificios a demoler, ya que ocupaban amplios espacios situados en zonas de importancia estratégica, que podían haber servido de articulación de las zonas centrales del casco con zonas residenciales de inferior jerarquía y que, por el aumento de edificabilidad y alta ocupación del suelo, vinieron a actuar como estímulo para contagiarse con los índices de edificabilidad del conjunto de tejidos residenciales y al mismo tiempo de cerrar toda posibilidad de creación de espacios libres que compensasen la alta edificabilidad añadida. El caso de la parcela de las Claras es paradigmático, en vez de ordenar una manzana con el patio de uso público que nuclease la edificación, esta se organiza con un precario patio de vecindad que se expone sin pudor al público que accede a los locales comerciales de planta baja.
3. El antiguo Palacio del los Condes de Alba y Aliste, convertido en Hospicio, se salvó de la decadencia que conduciría a su final porque del ministro Fraga partió la idea de adaptarlo como Parador. Esta «atrevida» propuesta suscitó una polémica alimentada por algunos ilustres ciudadanos que sostenían que un edificio tan noble no podía dedicarse a asuntos tan prosaicos como el de la hostelería. Al fin venció el ministro, esta vez para beneficio de todos.
Las aisladas protestas por estas actuaciones, digamos radicales, procedían de estamentos que podían hacerlo sin levantar sospechas. La asociación que formamos unos cuantos amigos para la defensa del Patrimonio Arquitectónico llamada Aceña Cultural fue un primer paso para crear un círculo de opinión independiente. Esta asociación no despertó ninguna simpatía por el solo hecho de atrevernos a criticar en público las medidas que afectaban al patrimonio de la ciudad. Alguien importante nos llamó a su despacho oficial para que nos explicáramos, pero no pasaron a mayores las reprensiones. La razón del silencio de la ciudad era bastante lógica pues todas las reformas urbanísticas importantes eran impulsadas por políticos zamoranos con puestos importantes en Madrid. Y ese Estado tenía tras de si una larga sombra que la ciudad no podía olvidar.
Solo me voy a referir a una de estas actuaciones diseñada desde arriba, y por tanto con ese carácter de «tozuda realidad» que aparece tan frecuentemente en el urbanismo de nuestra ciudad. Siendo directivo de Aceña me fui a ver al director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, el Sr. Chueca, que había sido profesor mío en la Escuela, y tenía confianza para hablar con él. Le pregunté por el sentido que tenía una actuación que considerábamos lesiva para la ciudad como era la que iba a dar lugar a la actual plaza de Castilla y León y a un nuevo edificio destinado a Delegación de Hacienda. Ello iba a suponer la destrucción del antiguo convento de las Marinas (Gobierno Civil) y de una interesante iglesia neoclásica en funciones de museo provincial, imán por cierto para los chavales, que nos gustaba curiosear entre aquel montón de objetos de procedencia tan diversa. Chueca me dijo que se había autorizado la operación porque diversas autoridades de la ciudad no habían cesado de pedírselo con toda clase de razones y presiones hasta que al fin había tenido que ceder. Así que los zamoranos tuvimos que seguir callados, incluso agradecidos por el «regalo» que suponía el flamante e impersonal edificio de la Delegación de Hacienda, que se elevaría en un espacio de retranqueo de la calle, y al que la ciudad le concedería impropiamente el título de plaza.
La desaparición de edificios como los citados buscaban financiar operaciones, que tenían siempre el justificante de contener mejoras para la ciudad, eso si a costa de romper con las tramas tradicionales, el aumento del espacio ocupado y mayores edificabilidades.
Estas nuevas zonas remodeladas trasmitieron a sus zonas de influencia aumentos de las edificabilidades, como se observa en la edificación coincidente con el frente a la citada plaza en la calle de Santa Clara, que cuenta con más alturas que las que rigen para el resto de la calle. Igualmente en el sector del cuartel viejo, hasta la calle de Riego, es perceptible la desproporción entre la estrechez de las calles y las alturas de 5 ó 6 plantas de las nuevas ordenanzas. Una vez generalizada la subida de edificabilidades, incluso para zonas del casco antiguo que podrían ser consideradas de segunda clase, la presión sobre las zonas exteriores más próximas a esta almendra del casco antiguo no paró hasta ir extendiéndose, ocupando campos de cultivo y zonas medio abandonadas exteriores a la muralla. Y en proporción a sus valores de posición de inferior categoría, chalés adosados, para las zonas más periféricas, o bloques de gran fondo con patinillos interiores en las zonas de extensión de la almendra central. Estas actuaciones de fuera de las murallas acabaron por demostrar la inoperatividad de todas las medidas y advertencias para protección del paisaje que rodea a la ciudad y que se han venido repitiendo en los sucesivos planes.
Con estos antecedentes, ya en este siglo, y con una Democracia todavía en rodaje no es extraño que, anunciada la retirada del Regimiento Toledo de la ciudad, e inminente la vacante del acuartelamiento se desatasen los temores de que se preparase una operación generada a partir de la ya conocida «tozuda realidad», que hizo que la ciudad o la parte de ella más sensible iniciase un serie de manifestaciones que culminaron con la ocupación de los cuarteles, acción que pocos años antes, por lo menos hubiese sido considerado como un ultraje al honor de la Nación. Es un reconocimiento que se debe a los ciudadanos que con riesgo evidente para su integridad física supieron defender el derecho a que la ciudad contase con un equipamiento, como el que ha llegado a ser el actual complejo de estudios de nivel universitario.
Y este es un recorrido que pasa de manera muy somera por los episodios más significativos que han caracterizado la historia del urbanismo de esta ciudad. Y que ha venido imprimiendo su actividad bajo diversas formas de imposición, llámese razón de Estado, ostentación de poder, manipulación interesada, etc. Y que desgraciadamente, como lo relatamos, todavía sigue viva, esta vez actuando para mayor satisfacción y gloria del Gobierno autonómico que viene ahora a poner orden en los asuntos de nuestra casa, ya que parece exceder la capacidad de nuestros ediles y del acuerdo de los propios y pasivos ciudadanos. Con el propósito de la creación de un polígono de desarrollo tecnológico en la zona de Villagodio, vuelve a repetirse el mecanismo que de manera permanente ha condicionado el desarrollo urbanístico de la ciudad. Porque ¿quién ha sido capaz de expresar el balance positivo que pueda dar tal polígono, habida cuenta de lo que comporta la liquidación del asentamiento poblacional actual y de las explotaciones agrícolas y ganaderas, único en el entorno de la ciudad? Movimientos de protesta entre los afectados directamente y entre los ciudadanos más solidarios no se han hecho esperar. Y así lo han expresado en manifestaciones y escritos dando las razones de su oposición a unos planes que han salido de los despachos de una burocracia que planifica lejos de tierras y olvidando las vidas de ciudadanos concretos.
¿Es que vamos a seguir cargando con el modelo de gestión emergente en el pasado siglo y al cual debemos los trazos torpes que marcaron al urbanismo de nuestra ciudad?
