El movimiento obrero ha sido un elemento decisivo en la lucha contra la dictadura, en la construcción de la transición política, en la salida de las diferentes crisis económicas, como se demostró en los Pactos de la Moncloa, en la defensa del Sistema Público de Pensiones (Pactos de Toledo) y de los servicios públicos, Ley de Dependencia? Eso es lo que legitima al movimiento obrero en nuestro país.

El movimiento sindical no respondió a los llamamientos de convocar movilizaciones, huelgas generales y de enfrentamiento con el Gobierno porque no se había recortado ningún derecho a los trabajadores de nuestro país. El tiempo nos ha dado la razón, los que pedían al movimiento sindical confrontación son los mismos que, realizada la reforma laboral, nos dicen que la Huelga General perjudica a España.

No podemos olvidar que, desde CC OO, fuimos críticos con las políticas económicas del Gobierno de Zapatero, que se empeñó en mantener un modelo productivo heredado de las políticas liberales del PP, basado en la construcción y otros sectores intensivos en mano de obra poco cualificada y en el consumo interno; una política fiscal que elimina injustificadamente impuestos y que hace que la recaudación baje y no sea recuperable en momentos de recesión económica; una dejación de la lucha contra el fraude fiscal; un Plan E que no se ha destinado a la inversión productiva. Este modelo no es el que CC OO propone y lo hemos dicho. ¿Deberíamos haberlo dicho más alto?

El cambio de política que ha llevado a cabo Zapatero supone una traición a todas sus promesas. Una traición a los trabajadores. La reforma laboral aprobada por el Gobierno supone el mayor recorte de derechos que ha vivido este país en toda su historia. No es comparable con ninguna de las anteriores reformas que dieron lugar a las cuatro anteriores huelgas generales. Esta reforma tendrá unas consecuencias en la estructura social de España que condenará a nuestro país a la precariedad como forma de vida.

Con lo aprobado por el Gobierno socialista se facilita, abaratando y socializando el coste del despido, el cambio de trabajadores con contrato estable por otros trabajadores mucho más baratos, con menos derechos, condenados a la precariedad de por vida. Generaliza la entrada de ETTs, con ánimo de lucro, en todos los rincones del mercado laboral, incluidos los sectores peligrosos y las administraciones públicas. Eso puede provocar una verdadera crisis social. Una importante masa de trabajadores de más de 45 años saldrá del mercado laboral para no volver a él y será sustituida por otra de trabajadores jóvenes que se instalarán en la rotación permanente, en la infravaloración de su formación, en la precariedad salarial y en la angustia de no poder dibujar un proyecto vital.

Para conseguir esto se le otorga a las empresas la posibilidad de justificar el despido por problemas presentes o futuros. Nos encontramos ante los «despidos preventivos», como antes vimos las «guerras preventivas». ¿Quién no puede construir un escenario falso de pérdidas futuras? ¿No construyeron escenarios falsos de ganancias muchas empresas antes de la crisis? Se limita la tutela judicial de los despidos, limitando la decisión del empresario para despedir a que ésta sea «mínimamente razonable». La Reforma destruye la negociación colectiva, es decir, la fuerza colectiva de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales, confiando esa mejora a la negociación en la empresa o a la negociación individual, donde la correlación de fuerzas no existe, donde la empresa impone su criterio, que no es otro que el que se esconde detrás de la Reforma Laboral, condenar a los trabajadores a la precariedad en el empleo, en el salario y en la defensa de sus derechos.

Son muchas las razones que nos asisten a los trabajadores españoles para oponernos a esta Reforma Laboral, pero son más si la enmarcamos en los ataques que se ven en el horizonte más cercano de nuestro Sistema Público de Pensiones, de nuestra Sanidad, de nuestra Educación? La situación a la que nos enfrentamos necesita un enfrentamiento decidido a los que quieren destruir lo que los trabajadores de este país hemos construido con nuestra lucha, nuestras propuestas, nuestros sacrificios y nuestra capacidad de llegar a acuerdos.

En una provincia como Zamora, las consecuencias de los cambios introducidos por esta reforma laboral y las anunciadas reformas en el Sistema Público de Pensiones o en la Sanidad, pueden verse amplificadas por la debilidad endémica de nuestro mercado de trabajo para generar empleo y por la complicada situación demográfica en la que se encuentra nuestra provincia.

Conseguido esto, el movimiento sindical deberá pararse y analizar en qué nos hemos equivocado, recuperar la confianza perdida de una parte de los trabajadores, plantear alternativas y exigir la participación de los trabajadores en las políticas destinadas a elegir el camino de salida. Pero esto no será suficiente si este análisis no lo hacen los partidos políticos, el Gobierno y las instituciones en general, que motivos no les faltan.