El Ministerio de Hacienda acaba de poner en marcha la revisión de los valores catastrales de los inmuebles de la provincia de Zamora. El dato más llamativo es que los inmuebles de la capital experimentan por término medio un incremento en su valor del 56%, mientras en algunos otros municipios de la provincia, especialmente en Los Valles de Benavente, los valores hasta ahora vigentes se multiplican por cuatro. Se trata de porcentajes que justifican sobradamente que se hable de «catrastrazo», como está igualmente justificada la alarma con que lo han recibido la mayoría de los zamoranos.

El proceso abierto en Zamora no es una medida excepcional. Es más, se acomete con retraso, pues la ley obliga a revisar los valores catastrales de los inmuebles cada diez años y en la capital zamorana la última se realizó en 1997, es decir va a hacer catorce años. Se trata, así pues, de una actuación absolutamente normal que, además, a priori supone un beneficio para los propietarios de inmuebles, dado que al revisar al alza su valor Hacienda está incrementando también el patrimonio de esos propietarios. ¿Por qué entonces la alarma ciudadana? Pues porque el valor catastral es utilizado como referencia para calcular distintas cargas impositivas del contribuyente, y, en consecuencia, si aumenta aquél se incrementan también estas. Es decir, los propietarios de inmuebles tendrán más patrimonio, sí, pero también deberán pagar más impuestos.

Lo primero que llama la atención es que tal revisión se acometa en Zamora con cuatro años de retraso, motivo por el cual resulta imposible desvincular la medida de la precaria situación financiera de las Administraciones, sumidas en déficit generalizados. Especialmente los ayuntamientos, que a los desoladores efectos de la crisis económica o de su inadecuada gestión, cuando esta se haya producido, deben sumar los nefastos errores de cálculo de la Administración central en las entregas efectuadas a cuenta. También es verdad que la oficina del Catastro de Zamora cuenta cada vez con menos recursos y personal, lo que sin duda la obliga a ralentizar sus trabajos. Por uno u otro motivo, el caso es que la petición efectuada hace años por el Ayuntamiento de Zamora para que se procediese a actualizar el catastro nunca fue atendida.

El efecto más visible para los ciudadanos vendrá de la mano del Impuesto de Bienes Inmuebles, el popular y denostado IBI, que se calcula, precisamente, en función del valor catastral. La repercusión de este impuesto sobre las finanzas familiares no es algo nuevo para los zamoranos. En 2001, la Alcaldía de la capital, encabezada entonces por el popular Antonio Vázquez, siguió la estela de ayuntamientos como el de Madrid y acordó eliminar la tasa de basura a cambio de una repercusión en el IBI. Las protestas vecinales obligaron a dividir en dos plazos la subida, que culminó finalmente en 2003 con un incremento del 0,53 al 0,57 en el coeficiente a aplicar sobre el valor catastral.

El «catastrazo» no es aún firme. Está pendiente de las consiguientes alegaciones. Pero, si finalmente se aprueba en los términos desvelados por «LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA», el Ayuntamiento de la capital deberá estudiar seriamente la posibilidad de rebajar ese coeficiente para lograr la mesura que el presidente de la Cámara de la Propiedad y las federaciones de vecinos han reclamado desde las páginas de este periódico. Salvo que se quiera castigar a los bolsillos de los zamoranos más allá de toda lógica.

El Ayuntamiento ya ha prometido que la aplicación será gradual, algo a lo que, entre otras cosas, obliga la ley, y que no tendrá apenas repercusión en los ciudadanos. Para que eso ocurra la única salida técnica es rebajar esos coeficientes con los que se calculan en la actualidad los recibos de la antigua contribución urbana. A cambio, resulta fácil adivinar que la Corporación opte por seguir de nuevo el ejemplo de Madrid y recupere la tasa de basuras doméstica, como han hecho otros municipios.

Además de en el IBI, la actualización del Catastro repercute en otros impuestos, como el que se aplica a inmuebles que no sean la vivienda habitual, desde segundas residencias a garajes y trasteros. La Junta de Castilla y León también basa en el valor catastral el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y las plusvalías generadas en las operaciones inmobiliarias.

Tocaba proceder a revisar el valor catastral de los inmuebles zamoranos, es cierto, pero también lo es que las administraciones corren el riesgo de ir más allá de esa lógica actualización para sucumbir ante la tentación de hacer caja y aliviar sus depauperadas finanzas a costa, una vez más, del bolsillo del sufrido contribuyente. Si no se quiere que la actualización del catastro en Zamora se convierta en eso, en todo un «catastrazo», las administraciones deben proceder con mesura y revisar a la baja los porcentajes que aplican a los distintos impuestos sobre los que tiene repercusión, especialmente del IBI.