Parece que hay nueva subida a la vista. Otra más, y que salvo a esos cuatro millones de españoles que aún no cuentan con banda ancha para Internet, afectará a todos los usuarios, la inmensa mayoría y no sólo particulares que disponen del servicio en sus hogares sino también a empresarios y comerciantes y demás servicios para los cuales, por devoción o por obligación, el acceso a la red resulta imprescindible. Y eso que el ADSL español es el más caro y uno de los peores y más lentos de Europa. Ya ven, otra cosa más con la que habría que igualarnos al nivel europeo y no con los impuestos, entre otras razones porque como ha dicho Rajoy, y en eso acierta, este es el tercer país con mayor carga impositiva.

Pero a uno de los gerifaltes de las comunicaciones, al consejero delegado de Telefónica, Movistar o como quiera que se llame ahora, que nos da igual, se le ha ocurrido que hay acabar con la tarifa plana actual y que la tarifación debe estar en función del consumo que cada cual haga. Visto así en principio puede semejar hasta lógico. Mas según se calcula sólo entre el cinco y el veinte por ciento de las personas que utilizan Internet lo hacen de forma intensiva y habitualmente, durante muchas horas de cada día y cada noche, siendo el resto usuarios que aunque de forma cotidiana se limitan a disponer de su correo electrónico o de los servicios de información y ocio, sin más. Con una ventaja lógica y natural: su entera libertad de horarios sin tener que preocuparse por el gasto que ello suponga.

Esto es lo que defienden a capa y espada las asociaciones de consumidores de Internet, que ponen el acento, por el contrario, en que las compañías, que además no cumplen sus promesas en cuanto a la calidad del producto que ofrecen, no sólo no tienen que subir los precios sino que tienen que rebajar lo que se paga por la misma tarifa única existente en la actualidad y situar el servicio, que es un servicio público al que se tiene derecho, en el mismo nivel que el resto de los países europeos. Para los internautas resulta inadmisible que se pretenda modificar el sistema vigente de pago con razonamientos falsos y forzados que lo único que buscan es un mayor beneficio económico de las compañías de telecomunicaciones, y afirman que si es preciso el Gobierno debe intervenir en el asunto y no permitirlo.

Por su parte, a la poderosa Telefónica o como se denomine ahora, ya se han unido en la intención las principales empresas del sector. Aducen que la modificación no perjudicará a los usuarios domésticos o de una utilización normal del ADSL y que únicamente afectará a ese porcentaje menor de uso intensivo de la red a base de descargas, juegos en línea, y otros usos que a veces suponen las veinticuatro horas del día y que sobrecargan la red. Y aducen también la necesidad de ejecutar grandes inversiones en tecnología que permitan unos mejores y más rápidos funcionamientos. Pero son argumentos que no convencen. Otra consecuencia más de aquellas privatizaciones de grandes empresas que llevó a cabo el PP. O sea, que hay subida a la vista y que al final es de temer que la acabaremos pagando todos, los que se conectan a internet muchas horas y los que se conectan poco. A ver qué van a decir ellos…