Tengo yo que preguntarle al tendero de mi barrio qué hace con las escarolas que no vende y con la partida de güisqui que tiene almacenada en las estanterías, que hay botellas que ya son como de la familia, como esos hijos casi cuarentones que no ve uno la forma de largarlos de casa. Incluso tengo la impresión de que algunas de ellas, quizá las de Dyc Reserva, me saludan cuando voy por allí a por mi cuarto y mitad diario de mortadela. Ya saben que el roce hace el cariño. Y a ver si telefoneo a esos amigos de Robledo de Sanabria que, como les pasa a los ganaderos con la leche, no tienen muy claro qué hacer este año con el excedente de patatas, que por falta de comprador se les están naciendo y echando a perder en el cobertizo. Y a ver si me acerco al matadero de mi vecino el charcutero, para que no reduzca la producción de chorizo y de morcillas por eso de la crisis, porque toda la mercancía que no venda es posible que tenga una salida alternativa asegurada. Tranquis todos, comerciantes, ganaderos, agricultores, tenderos, charcuteros y empresarios en general, que a pesar de cómo andan los precios, de la caída del consumo y de los stocks que se amontonan en naves y trastiendas, puede que al final el Gobierno se quede con todo lo que no se venda.

Esa es la solución que ha propuesto la patronal española de promotores y constructores de viviendas, que ahora se ve con el agua al cuello, con cerca de un millón de pisos construidos que no encuentran quien los quiera, después de esos añitos de bonanza en los que las casas se vendían como rosquillas. No es que quieran que el Gobierno les saque del atolladero con el dinero público, como ha hecho con algunos bancos. Si el Estado se queda con la mercancía que ellos no venden, con los pisos, no estaría ayudando al sector inmobiliario, sino tomando una iniciativa de marcado "carácter social" porque después podría destinar esas viviendas al mercado de alquiler o venderlas algo más baratas. Recuerda la patronal del ladrillo, además, que "la vivienda es un derecho constitucional y parece lógico que la Administración dedique los fondos necesarios" para hacer efectivo ese derecho. Y que con una medida así, el Gobierno estaría incentivando la creación de empleo y de riqueza, porque si se queda con toda esa "mercancía" evitará que el sector pierda cerca de un millón de puestos de trabajo en los próximos dos años.

De momento la ministra de la cosa les ha dicho que nones, que el Gobierno ya ha adoptado la medida excepcional de convertir los pisos libres en protegidos para dar salida a tantos excedentes, ayudas que pasan por un abaratamiento de los precios. Pero los promotores todavía tienen que hablarlo con la nueva vicepresidenta económica, la de los cuartos. No sé yo si la gallega estará por la labor. A lo mejor Elena Salgado tira de fotocopia y les enseña el estudio que publicaba anteayer "The Economist": la vivienda española es la más cara del mundo, comparada con el alquiler, y el precio real de los pisos está engordado casi un cincuenta por ciento. Y como el precio de la vivienda libre ha caído en el último año menos de un siete por ciento, según los datos que ayer mismo hacía públicos el Ministerio, todavía queda un largo recorrido a la baja. Igual les sugiere que prueben antes a aquilatar un pelín más los precios y se conformen con algo menos de beneficios. O les echa en cara que no se acordaran de que la vivienda también era un derecho constitucional cuando el sector estaba más boyante y se permitía seleccionar a los clientes. Lo mismo. Pero yo, en tú lugar, Ramiro, no tiraría a la basura las patatas de la tenada, por si al final el Gobierno "traga" por la mágica solución de los promotores.