Hace poco más de un año, el Gobierno dio luz verde a la liberalización de Correos, proceso impuesto por la Unión Europea para todo el sistema postal y que prevé para 2009 la apertura total de la red pública a los operadores privados. El nuevo estatus permitirá a los competidores de Correos utilizar tanto su estructura, como sus medios e instalaciones para realizar cualquiera de las operaciones postales necesarias para prestar servicios a sus propios clientes (recogida, admisión, clasificación, tratamiento, curso, transporte, distribución y entrega). Todo ello en condiciones "transparentes, objetivas y no discriminatorias". Desde el primer momento, algunos sindicatos pusieron reparos a la nueva regulación, "por favorecer intereses puramente económicos" y por que no habrá reciprocidad con muchos países de la Unión Europea, que ni hartos de vino permitirán el acceso a sus redes postales públicas. También exigen más claridad y concreción en los mecanismos complementarios de financiación, para que se garantice un servicio de carácter universal, para todos, de acuerdo a unas normas de calidad y precio, cuestiones que deben prevalecer o anteponerse a cualquier interés mercantil.

Mucho ha cambiado Correos en los últimos años. Y lo que te rondaré? Ahora es una sociedad anónima de capital cien por cien público, cuya misión es prestar un servicio postal de acceso universal, con calidad y regularidad, a precio accesible y eficiente. La vieja estructura, ya viciada por los años y también por la indolencia que anida en muchos organismos públicos, dio paso a una organización pretendidamente moderna y más competitiva, con horarios de atención mucho más amplios, reordenación de recursos, implantación de sistemas informáticos, rejuvenecimiento de la plantilla, métodos de dirección actualizados... Un cambio que los usuarios hemos notado de puertas a fuera, sobre todo, en las visitas a las oficinas centrales y, en el medio rural, en la variación de los hábitos de distribución y entrega de los envíos a cargo del tradicional cartero. Se acabó aquello de un repartidor en cada pueblo, o casi, y ahora un solo empleado es capaz de atender solito veinte núcleos de población, aunque el balance que hacen los ciudadanos de la innovación es desigual y variado. Y en cuanto a las oficinas de atención al público, léase especialmente las capitales, pues ya vemos que se ha modificado para bien el horario -continuado y extenso-, la ayuda y el asesoramiento a los usuarios por una especie de relaciones públicas o la implantación del sistema de número para regular los turnos en ventanilla. Eso, amén de convertir estas agencias en una suerte de supermercados donde se pueden adquirir cuadernos, bolígrafos, lápices e incluso un paquete de chicles, o también teléfonos móviles -en capitales vecinas- y realizar recargas de tarjetas o acceder a determinados servicios bancarios.

Pero esas innovaciones, que también habrán tenido su coste (seguramente en empleos, por ejemplo), pueden quedarse en anécdotas cuando la liberalización que ahora se acelera sea plena en dos o tres años. De momento, Comisiones Obreras avisa, y hace bien, sobre el riesgo de nuevas pérdidas de puestos de trabajo, que en Zamora podría afectar al 30% de la plantilla, y el deterioro de un servicio público que en España no será ideal, pero que funciona mil veces mejor que en Inglaterra, ejemplo que pone el sindicato como fiasco de la privatización, y de lo que doy fe por experiencias cercanas, con casos de pérdidas de envíos y hasta de violación de los mismos. Pero lo peor, sin duda, es el vaticinio de que desaparecerán el servicio y los puntos de distribución a los ámbitos rurales. No puede ser, no deberíamos permitir que siempre paguen los mismos.