El panorama que sobre la situación de nuestra provincia dibuja el último informe socio-económico de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) es francamente desalentador: Zamora es una de las diez provincias españolas que alcanza el menor grado de convergencia con la Unión Europea, por debajo del ochenta por ciento, siendo el único territorio castellano-leonés que no ha superado aún ese límite mínimo del ochenta por ciento, muy lejos del 105 y el 107% sobre el nivel de convergencia que ostenta, respectivamente, Burgos y Valladolid, las locomotoras económicas de Castilla y León. Lo cual quiere decir que las diferencias entre las provincias pobres y las provincias ricas de la Comunidad Autónoma no sólo no decrecen sino que se incrementan.

Zamora, que quedó fuera del paraguas del "Objetivo 1" tras el ingreso en la Unión Europea de varios países del Este con menor renta, ha dejado de ser territorio preferente a efectos de ayudas y fondos comunitarios estructurales. Sin embargo, la situación socio-económica de la provincia aún merecería una consideración especial, puesto que la mayor parte de los parámetros señalan cifras negativas, como ha puesto de nuevo de manifiesto el reciente informe de Funcas. La provincia mantiene la menor tasa de actividad del país, situada en el 44,06%, y el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) provincial en el periodo 2000-2006 fue el más bajo a nivel nacional (el 14,14%). Sólo la comunidad balear presentó en ese sexenio un menor crecimiento que Zamora (13,94%) con la diferencia que Baleares es una comunidad rica cuyo nivel de convergencia con Europa es del 99,54%, veinte puntos por encima de Zamora.

La situación, por tanto, no es nada halagüeña y exige un plan urgente de medidas que permitan a esta provincia mejorar esos indicadores tan negativos. También se ha conocido esta semana una encuesta a nivel regional en la que han participado empresarios del conjunto de Castilla y León a los que se preguntaba en qué provincias de la región invertirían: ni uno solo de ellos respondió que en Zamora, lo cual pone de manifiesto la necesidad urgente de actuaciones públicas, tanto del Gobierno regional como del central, para paliar tan grave situación que ha llevado a considerar a esta provincia como un territorio poco rentable.

Zamora tiene derecho a un tratamiento preferencial dentro de una Comunidad Autónoma que si en los últimos años se benefició de importantes cantidades económicas procedentes de los fondos de cohesión europeos fue en parte debido a la baja renta de esta provincia y de otras de su entorno, como León, Avila y Salamanca. De manera que la comunidad de Castilla y León debería asumir de una vez por todas la "deuda histórica" que mantiene con una provincia que exige -y que necesita ya con urgencia para abandonar el vagón de cola del desarrollo a nivel nacional- de medidas de "discriminación positiva".

La sociedad castellano-leonesa, que tanto se ha beneficiado de la situación de Zamora para obtener fondos europeos, debe ahora hacer un gesto en favor de esta provincia deprimida y corresponde al Gobierno regional ese cometido, como reconoció el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera en una reciente visita a la capital: «Zamora no ha tenido las mismas oportunidades que otras provincias de Castilla y León», dijo, al tiempo que anunció «el desafío de un plan de convergencia entre provincias» que aminore las diferencias entre unas y otras. Si el máximo responsable del Ejecutivo autonómico reconoce esa situación negativa, ahora es el momento de que los consejeros de su Gobierno planteen actuaciones concretas que permitan a Zamora acercarse a las provincias hermanas más ricas. Es el momento de la solidaridad interterritorial que proclama la Constitución: si los zamoranos -a través de la emigración o con el capital propio invertido por las entidades crediticias en otras tierras- hemos ayudado durante décadas a otros territorios del país, es el momento de la justa correspondencia.

Los partidos políticos con representación en las instituciones zamoranas deberían asumir la necesidad de crear un frente común en beneficio de la provincia, al que habrían de sumarse los agentes sociales. Los representantes de los ciudadanos de Zamora en los parlamentos regional y nacional deben dejar de una vez de esconder la cabeza debajo del ala de sus siglas políticas y defender con vehemencia los intereses de esta tierra y de los que la habitan.

Como desde estas mismas líneas apuntábamos hace quince días, esas medidas son necesarias y urgentes, pero también lo es el esfuerzo de todos los zamoranos en mejorar las perspectivas de futuro de su tierra. Empezando por los empresarios, impulsores de la generación de riqueza y empleo, que tienen la obligación de emprender más y reclamar menos. Y continuando por cada ciudadano, renovando el compromiso efectivo de cada uno con el porvenir de una provincia que exige medidas de apoyo de los poderes públicos, compromiso del sector privado, y trabajo y esfuerzo de todos.