El informe dado a conocer por la Organización de Consumidores y Usuarios, en el que se califica de no potable el agua del grifo que se bebe en Zamora capital, no sólo ha servido para abrir la polémica entre el Ayuntamiento, que niega el hecho, y la OCU sino que ha sido y va a seguir siendo motivo de conversación ciudadana, pues con la salud no valen los juegos. No es que se haya creado ninguna especial preocupación entre la población pero las tajantes afirmaciones en sentido contrario, basadas en los respectivos análisis realizados al agua por el organismo de consumo y por el municipio, han levantado una cierta inquietud y desde luego una confusión evidente.

Ya se sabe que un análisis, sea en el agua o en las personas, no es más que una instantánea del momento, de ese momento mismo, pero ahí está. Las pruebas fueron efectuadas, según ha aclarado la OCU, en septiembre del pasado año, y superaban los 150 microgramos por litro de trihalometanos, cantidad máxima permitida por la ley española, ya que la europea es por ahora bastante más estricta. Los trihalometanos en cuestión son unos elementos orgánicos volátiles cuya ingesta en cantidades excesivas pudiera causar a largo plazo daños hepáticos y renales por lo que deben ser debidamente controlados, pues su presencia puede convertir el agua en no potable, como es el caso de Zamora y de otras cinco capitales de provincia españolas. Sin embargo, basta con que funcionen bien en la planta potabilizadora los correspondientes filtros de carbono activo para acabar con el problema.

Esa es la cuestión porque precisamente en Zamora se instalaron hace tres años unos modernos sistemas depuradores capaces de evitar cualquier posible alta concentración de trihalometanos y que según los responsables municipales cumple eficazmente su misión, dado que los análisis efectuados por el Ayuntamiento a lo largo del último año no han detectado nunca la existencia de ninguna sustancia o compuesto que haya traspasado los límites permitidos. Los dos últimos informes recibidos al respecto en la concejalía de Salud Pública ofrecen unos datos muy inferiores: 10l y 62 microgramos por litro, dentro de la normativa vigente, por lo que no se explican ni la Corporación ni los servicios técnicos como la analítica realizada por la OCU puede haber dado cifras superiores.

Pero así ha sido y no es asunto baladí porque estas cosas preocupan a la gente, que ayer mismo ya adquiría más agua mineral de lo habitual. La administración local tiene que garantizar la potabilidad del agua del grifo que bebemos. La oposición socialista en el Ayuntamiento de Zamora ya ha pedido que se encarguen urgentemente nuevos análisis y que se inste a la empresa adjudicataria del servicio a comprobar el funcionamiento de las instalaciones y a corregir las posibles deficiencias de funcionamiento que pudieran observarse. Parece una exigencia coherente y lógica que debe llevarse a cabo cuanto antes para tranquilizar a los ciudadanos que ya se sabe que no se muestran nunca demasiados proclives a creer en lo que afirman los políticos y suelen conceder más crédito a lo que dicen los expertos.