Algunas incongruencias detectadas en el discurso político reciente me empujan a analizar el esfuerzo financiero del actual Ejecutivo en la promoción de la familia y, desde ahí, a hacer algunas valoraciones. No pretendo, por tanto, con este escrito proponer un determinado modelo de familia, ni reivindicar posibles derechos y deberes de ésta. Tampoco está en mi horizonte denunciar, al menos de momento, las agresiones que desde cierta pseudoprogresía se han proyectado contra la familia, tal y como la hemos entendido tradicionalmente.

Parto de la base de que cuando hoy contemplamos la institución familiar no debemos concluir apocalípticamente que ésta sufre una crisis profunda, más bien, si el análisis es equilibrado, descubriremos en ella una seria modificación de su esencia configurativa tradicional. Asunto, este último, que no debemos obviar si anhelamos un aceptable estado de salud para la sociedad del mañana.

Tres son los parámetros que explicarían en parte esa modificación ya apuntada en lo relativo a la configuración de la familia tradicional. El primero de ellos es el de la nueva concepción de la infancia, la adolescencia y la juventud, etapas que en un corto espacio de tiempo han pasado de ser productoras tempranas de recursos a torrente inagotable de gastos. La anhelada equiparación hombre-mujer y la incorporación masiva de ésta al mundo laboral es el segundo de los parámetros, clave que provoca un nuevo marco de conflicto para la correcta educación de los hijos, si es que se tienen. El último parámetro correspondería a la nueva manera de entender el matrimonio, reducido a un simple contrato entre dos individuos que se quieren.

Ante una mutación socio-cultural como la descrita, ningún Ejecutivo, menos aún el del señor Rodríguez Zapatero si quiere ser fiel a sus propias siglas, debe obviar una política familiar comprometida o hacer demagogia con asuntos tan radicalmente importantes como el apuntado. Es de tanto calado la transformación social a la que asistimos que los gobiernos occidentales están obligados a invertir decididamente en familia si quieren asegurar una sociedad de futuro sólida. La señora De la Vega defiende que su Gobierno, que es el nuestro, ha puesto en marcha una «política constante de apoyo a las familias», especialmente a las numerosas. Cualquier recién llegado a nuestro país podría aceptar pulpo como animal de compañía, pero los datos y la hemeroteca, una vez más, corroboran que en política familiar una cosa es lo que se dijo en campaña electoral y otra, bien distinta, lo que se viene llevando a efecto.

El recientemente publicado Informe sobre la Evolución de la Familia en España 2005 revela datos muy significativos. Mientras la media europea de apoyo a la familia alcanza el 2´25% del PIB, España dedica un mísero 0´52%. Alemania invierte siete veces más en familia que España, Dinamarca diez veces más, Austria multiplica por ocho las inversiones españolas, Francia casi por siete, los luxemburgueses reciben diecisiete veces más recursos que nosotros y los penúltimos de la lista, Italia y Portugal, nos doblan en esfuerzo inversor. Un matrimonio español necesitaría trece hijos para tener las mismas prestaciones que una familia con dos hijos en Alemania. De la misma manera necesitaría tener once hijos con respecto al Reino Unido, cinco hijos con respecto a Francia... y veinticinco respecto a Luxemburgo. Esa "política constante de apoyo a las familias" de la que nos habla la señora De la Vega brilla por su ausencia y nos obliga a concluir que, en el mejor de los casos, desconoce la comparativa europea que el Instituto de Política Familiar acaba de hacer pública en su último Informe.

Permítanme acabar diciendo que no es de extrañar que España sea el país con la natalidad más baja del mundo. Preocupados por los matrimonios entre homosexuales y su derecho a la adopción, por los divorcios rápidos y por la reducción de algún punto en el IVA de los pañales, hemos olvidado el apoyo real a la familia tradicional. Y digo tradicional sin complejos. Toca ahora en nuestra provincia llamar a filas para que, al menos en sus tres ayuntamientos señeros de Zamora, Benavente y Toro, las concejalías de turno establezcan políticas reales de ayuda a la familia que suplan los silencios estatales. Si se decidiesen a ello, no serían los primeros en rebajar algunos impuestos municipales para bonificar, por ejemplo, a las tan olvidadas familias numerosas, pero sí demostrarían mayor sensibilidad que la manifestada por la Subdirección General de Familias.

Es la hora, por tanto, de las políticas locales. Estaremos atentos.