El frenesí de recursos que el PP y Vox presentan ante el Tribunal Constitucional (TC) frente a la actividad legislativa del Gobierno puede, a la larga, acabar perjudicando a su interés en lograr un rápido rédito político a cuenta de las respuestas del órgano de garantías, puesto que la justicia tiene sus propios tiempos. Es el caso de la reforma que el Gobierno de coalición instó en 2021 y que prohibió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos estando en funciones, que se completó el pasado julio con una especie de 'autoenmienda' por parte del PSOE que exceptuó las designaciones en el propio TC, estableciendo además un plazo para realizarlas.

La segunda modificación de la Ley que regula el Poder Judicial fue también recurrida por el PP, y la admisión a trámite de este segundo recurso se discutirá en el Pleno del órgano que se celebra entre los próximos 15 y 17 de noviembre. 

Según fuentes jurídicas consultadas por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, este segundo recurso, que previsiblemente también se admitirá a trámite, influirá sin duda en el contenido de las deliberaciones de las dos impugnaciones que ya se están estudiando sobre la primera reforma -cuya resolución urgen los partidos recurrentes- por lo que, a la postre, el dictamen final sobre este asunto acabará retrasándose. Por otro lado, la propia modificación legal de julio obliga a examinar y reflexionar sobre este cambio en la ley y su repercusión en los recursos que ya se están estudiando.

Aunque se trata de dos recursos totalmente diferentes, referidos a reformas distintas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y que se resolverán por separado, no cabe duda de que ambos están relacionados, y las primeras ponencias que ya se están ultimando sobre la primera decisión del Gobierno deberán reconsiderarse para dotar de coherencia a la resolución de todo el conjunto, añaden las mismas fuentes.

 El ponente la sentencia sobre este segundo recurso del PP será además Juan Antonio Xiol, que es el ponente de una de las sentencias que están pendientes de dictarse a cuenta de las primeras impugnaciones presentadas por Vox y el PP. María Luisa Balaguer es la otra magistrada que trabaja en las propuestas de dictamen sobre este asunto.

Existen escasas sentencias dictadas desde el inicio de la democracia sobre el funcionamiento del CGPJ, unos textos que los ponentes están analizando de forma muy pormenorizada a la hora de preparar sus ponencias. A ello se une que la "autoenmienda" realizada el pasado julio hace que algunos puntos de los recursos iniciales del PP y Vox carezcan ya de objeto, según las fuentes consultadas.

Explicaciones del tribunal

Mientras tanto, el interés de los partidos de la derecha para que el TC resuelva de una vez sobre la reforma del Gobierno obligaron de hecho a este órgano a realizar el pasado domingo un nada habitual comunicado público, en el que venía a explicar que tardará aún "un tiempo" en resolver los recursos de PP y Vox a la primera reforma, aprobada por el Congreso en marzo de 2021.

La nota atribuía además al predecesor del actual presidente, Pedro González-Trevijano, la responsabilidad sobre el retraso en tramitación inicial de los mismos. Concretamente, reconocía que este asunto tardó en llevarse a Pleno para su admisión a trámite algo más de lo habitual, y que el expresidente Juan José González Rivas era el entonces encargado de fijar y llevar los asuntos al orden del día del Pleno.

No interferir en la política

Sobre la situación actual del asunto, en su propia nota reconocía que tras recuperarse en junio parte de las competencias del CGPJ para nombrar a los dos magistrados del Tribunal -los otros dos los debe designar el Gobierno-, y dada también la existencia de una negociación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para renovar el CGPJ ahora en funciones, "se decidió, como se ha hecho siempre, no interferir -de acuerdo con la práctica inveterada en estos cuarenta años- en los procesos de negociación política o en los procesos electorales pendientes".

La renovación del órgano de garantías no es un tema únicamente institucional, sino de gran trascendencia política, dado que la llegada al Tribunal Constitucional de tres nuevos magistrados auspiciados por el PSOE -los dos del Gobierno y uno de los del CGPJ- asegurará una mayoría progresista en un órgano que a día de hoy es claramente conservador. Esta mayoría, lo será además durante casi una década.  El vuelco en la sensibilidad del órgano se considera básica para el Gobierno teniendo en cuenta que gran parte de la gestión de Pedro Sánchez ha sido recurrida por la oposición del PP y sobre todo por Vox.

 En su primer recurso, el PP incidía en la idea de que el Gobierno logró limitar al CGPJ de forma "opaca y súbita", pues la reforma supuso un desapoderamiento del órgano al recortar competencias esenciales. Al 'contarreformar' el pasado mes de julio, pero sólo con respecto a los magistrados del TC y obviando los del Supremo -actualmente las bajas son un total de 17 en el alto tribunal- se ahonda, según los de Núñez Feijóo, en una utilización ilegítima de las instituciones por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.