El caso de los ERE de la Junta de Andalucía se enfrenta este martes a su día D, el de la sentencia, el momento más esperado y temido por los veintiún ex altos cargos del Gobierno autonómico que se sentaron en el banquillo de los acusados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Casi nueve años después de que la jueza Mercedes Alaya, a raíz de su investigación sobre el ERE de Mercasevilla, abriese diligencias sobre un presunto fraude más amplio en ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis, y casi un año después de que acabase un larguísimo juicio oral, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha citado a todos los procesados a las 12.00 horas de este 19 de noviembre para comunicarles el fallo.

Los veintiún procesados están señalados por participar directa o indirectamente en el procedimiento específico aplicado durante casi una década para conceder ayudas a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas andaluzas sin que hubiera "ningún control" por parte de la Administración, según Anticorrupción.

¿En qué consistían las ayudas?

En el año 2001, la Junta de Andalucía, con Manuel Chaves como presidente, crea un fondo de ayuda a empresas en problemas. El fondo tenía como objeto otorgar subvenciones y prejubilaciones a trabajadores cuyas empresas entrasen en Expediente de Regulación de Empleo. Hasta el año 2011, el fondo estaba dotado con 721 millones de euros, pero el presupuesto final contemplaba la cifra total de 1.217 millones.

¿Dónde se originó el fraude?

Alrededor de 6.000 trabajadores accedieron a las ayudas de manera legal, lo que supuso el desembolso de la mayor parte del presupuesto, pero entre los receptores también se incluyeron personas que nunca habían trabajado para esas empresas, así como muchos intermediadores que operaban en el trasvase de las ayudas desde IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), el organismo autónomo de la Junta que ejecuta los pagos, y los perceptores.

¿Quiénes eran los intrusos?

Es la denominación que recibieron los comisionistas, consultoras y bufetes de abogados, a los que se calculó que se desviaron de forma irregular unos 136 millones de euros, con la supuesta connivencia de la Dirección General de Trabajo de la Junta andaluza, que es la que autorizaba a IDEA la orden de los pagos. El dinero recibido por los ´intrusos´ recibe también la denominación de ´fondo de reptiles´, un contenedor de ayudas caracterizado por su opacidad.

¿Quiénes eran los responsables?

El sistema nació en 2001, bajo la presidencia de Manuel Chaves, y continuó hasta el año 2011, ya con José Antonio Griñán al frente del Gobierno andaluz. El propio Griñán fue consejero de Economía entre 2004 y 2009. Magdalena Álvarez, imputada por la juez Alaya, ocupó ese cargo entre 1994 y 2004. José Antonio Viera, también citado a declarar como imputado, fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004.