El presidente catalán, Artur Mas, ha recurrido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de investigarle por desobediencia en el 9N, alegando que el Gobierno y la Fiscalía "consintieron" la consulta alternativa al no forzar su prohibición "expresa" por parte del Tribunal Constitucional (TC).

El presidente de la Generalitat, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, han presentado hoy recursos de súplica ante la sala civil y penal del TSJC contra su decisión de admitir a trámite las querellas por el 9N, ante los indicios de que desobedecieron al TC al mantener la consulta alternativa.

En sus recursos, los miembros del Govern aducen que no existió "un mandato expreso, concreto y terminante" del TC que prohibiera la consulta alternativa, pese a que este dictó el 4 de noviembre una providencia suspendiendo cautelarmente el proceso participativo, como es preceptivo siempre que el Gobierno interpone recurso.

Los recursos esgrimen los argumentos aducidos por la Junta de Fiscales del TSJC, que se opuso por unanimidad a la presentación de una querella por el 9N, si bien el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce impuso finalmente su tesis con el apoyo de la Junta de Fiscales de Sala y forzó la denuncia.

Las defensas recuerdan que la resolución del TC no iba acompañada de una advertencia expresa de que podría incurrirse en desobediencia si se incumplía su resolución, sin que el Gobierno y la Fiscalía instaran "un incidente de ejecución con la finalidad de lograr el cumplimiento efectivo de la providencia citada".

Al no hacerlo, las defensas interpretan que el Ejecutivo central o bien aceptaba que los actos preparatorios del 9N no constituían un incumplimiento de la resolución del TC -como en su opinión parece desprenderse 'de las declaraciones públicas efectuadas por algunos miembros del Gobierno esos días'- o bien "falló en la diligencia debida y consintió esa situación".

"Las mismas observaciones son también extrapolables al Ministerio Fiscal", añaden los recursos, que subrayan que la acusación pública "no emprendió ninguna acción legal sobre este tema hasta la formulación de esta querella, y consintió de esa manera que se llevaran a cabo todos los actos que ahora se presentan como constitutivos de delito".

Los recursos, que reproducen fragmentos del acuerdo de la junta de fiscales del TSJC reticentes a la querella del 9N, insisten en que el mandato del TC era "impreciso y general" y que, además, "desoía la solicitud de la Abogacía del Estado de que su resolución incluyera una mayor precisión, así como una advertencia al Gobierno de la Generalitat".

Las defensas alegan, además, que el gobierno catalán pidió el 7 de noviembre una aclaración al TC sobre su providencia, por considerar que estaba redactada de forma "indeterminada y abstracta", pero que esa petición no fue resuelta por el Constitucional hasta el 4 de diciembre pasado.

"Por lo tanto, la no resolución de la aclaración redunda en la inconcreción", agrega el escrito de Mas, que reprocha que se traslade al presidente catalán una responsabilidad penal por unos actos que el propio TC "no dejaba claro si estaban incluidos en su ámbito de aplicación o no".

Otro de los argumentos esgrimidos en los recursos es que la providencia del TC del 4 de noviembre no fue notificada a Artur Mas hasta dos días después a través de una carta certificada, por lo que según las defensas "solo pueden tener relevancia penal los hechos acontecidos con posterioridad a esa fecha".

Por todo ello, el recurso presentado por la defensa de Mas concluye que las conductas imputadas al presidente catalán "no se subsumen en la negativa abierta, contumaz y reiterada, dispuesta en el delito de desobediencia".

La defensa de Mas, Ortega y Rigau por la querella del 9N se ha encargado a abogados particulares: el letrado de cabecera de CiU Xavier Melero en el caso del presidente y, en el de Rigau, el despacho Molins & Silva, que también ha representado en numerosas ocasiones a cargos de la formación nacionalista.

Por su parte, el recurso interpuesto por Joana Ortega lo firma su pareja, el letrado Rafael Entrena.