El Gobierno español ha acusado este lunes al Ejecutivo de Gibraltar de amparar con su "inacción" a las bandas criminales que controlan el negocio del contrabando de tabaco, que ha aumentado en los últimos años y al que España ha decidido hacer frente.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha reaccionado al informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que concluye, a partir de una denuncia presentada por la Agencia Tributaria española, que "hay motivos para creer que (en Gibraltar) se han cometido delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales que afectan a los intereses financieros, o de otra índole, de la Unión Europea".

La OLAF ha recomendado por tanto a España y a Gibraltar que abran una investigación judicial en torno a estos presuntos delitos.

En un comunicado, Hacienda subraya que el informe de la OLAF "viene a dar la razón a la política del Gobierno y más en concreto de la Agencia Tributaria, en su labor de luchar contra el fraude y la economía sumergida", al tiempo que "pone de manifiesto la repercusión económica que un fenómeno de tal envergadura puede tener" tanto para España como para la UE.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro advierte de que desde 2006 viene observando un "importante incremento" de la entrada de tabaco en Gibraltar a través de la Aduana de La Línea de la Concepción. Si en 2009 el número de cajetillas exportadas por esta aduana fue de 61,9 millones, en los tres últimos años se ha superado ampliamente los 110 millones de cajetillas, una "cantidad que no puede ser consumida por los aproximadamente 29.000 ciudadanos" residentes en el Peñón, apunta Hacienda.

Estas "ingentes" cantidades de tabaco, continúa Hacienda, "posteriormente son introducidas mayoritariamente en España de modo ilegal".

Hacienda remarca que, de forma paralela al aumento de las importaciones de tabaco por parte de Gibraltar, España ha aumentado las aprehensiones de cigarrillos. En 2013 solo el Campo de Gibraltar concentró el 60 por ciento de las diligencias de aprehensión por infracción administrativa de contrabando de tabaco acometidas en toda España.

Frente a la lucha contra este fenómeno puesta en marcha por el Gobierno español, Hacienda carga contra la pasividad del Ejecutivo gibraltareño. Este contrabando, alerta en su comunicado, lo controlan "organizaciones criminales que obtienen una importante financiación y que quedan amparados por la inacción del Gobierno gibraltareño que conoce y permite la existencia de significativos volúmenes de importación de tabaco en una colonia de apenas 29.000 habitantes sin que se adopten medidas significativas para su control".

Pero además, insiste Hacienda, el régimen fiscal gibraltareño y su "opacidad informativa" plantean "otros problemas asociados que suponen perjuicios económicos adicionales y que, lejos de constituirse en polo de prosperidad para la zona, deterioran económicamente su entorno más inmediato para luego extender sus efectos hacia el resto del territorio nacional".

"Así, el amparo que la administración gibraltareña otorga a aquellos que se residencian fiscalmente en la colonia supone una importante barrera para el control de las diferentes administraciones tributarias", añade.

Debido a esta opacidad, la Agencia Tributaria ha reformado sus sistemas de control e investigación tributaria y aduanera de todos los tipos de fraudes que se producen por el paraíso fiscal de Gibraltar.

Margallo: luchar contra el contrabando es una obligación

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha subrayado hoy que, para España, la lucha contra el contrabando de tabaco en Gibraltar "no es una opción, es un deber, una obligación" que se cumplirá mejor si hay colaboración y cooperación por parte del Reino Unido.

García Margallo, en declaraciones a Efe, ha hecho estas consideraciones en relación con el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que insta a las Fiscalías de España y de Reino Unido a investigar el contrabando de cigarrillos en la frontera de Gibraltar.

El ministro ha apostado por la colaboración y cooperación entre España y Reino Unido para atajar prácticas "ilícitas y claramente lesivas" para los intereses de la UE y de España y ha insistido en que el cumplimiento de la legislación comunitaria "no es una opción".

El jefe de la diplomacia española se ha mostrado dispuesto "desde este mismo momento" a aceptar la fórmula que planteó en marzo de 2013 el entonces responsable de Exteriores británico, William Hague, de crear grupos de trabajo "ad hoc" de estudio, diálogo y colaboración.

En este caso, además de la problemática sobre el contrabando y el blanqueo, Margallo es partidario de abordar otro "contencioso pendiente", como la distorsión que provoca el régimen fiscal del Peñón, con un impuesto de sociedades del 10 %, un tratamiento fiscal del juego más bajo que el de España y Reino Unido, y un modelo que "facilita enormemente la ocultación de los titulares de sociedades".

El ministro ha recalcado que España padece un desvío de actividades hacia el Peñón por cuestiones "artificiales" que "priva" a España de crear los puestos de trabajo que generaría si no se produjese.

A juicio del responsable de Exteriores, en este grupo de trabajo sólo tendrían que colaborar España y el Reino Unido, pues la lucha contra el contrabando y el blanqueo de capitales sólo compete a los dos países, si bien en otros casos "probablemente" habría que implicar a las autoridades competentes de España y de Gibraltar.

Margallo ha recordado que España hace tiempo advierte de que Gibraltar se había convertido en "un nicho" de contrabando de tabaco que implica pérdidas de ingresos para España que "podrían rozar los 1.600 millones de euros", una actividad que supone el 19 % del PIB del Peñón y aporta a Gibraltar ingresos equivalentes al 33 % de su presupuesto.

Asimismo, el ministro ha subrayado la importancia de combatir el blanqueo de dinero "en unos momentos en los que todos estamos embarcados en la lucha contra el fraude fiscal internacional".