El presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Dívar, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, advirtieron ayer a ETA, durante la apertura del año judicial, de que no habrá retrocesos en la lucha contra el terrorismo y que el último comunicado de la banda no supone ninguna novedad. El primero defendió la independencia de los jueces y el segundo, el trabajo de los fiscales en la lucha contra la corrupción.

Dívar aseguró que frente al terrorismo tanto el Supremo como la Audiencia «siguen manteniendo el impulso que reclama nuestra sociedad, sin posibilidad de retroceder ni un milímetro». Conde-Pumpido añadió que «digan lo que digan los terroristas y quienes los apoyan», la novedad es que no hay novedad, según informa la agencia «Efe».

El presidente del Supremo exigió que no se ponga en cuestión la labor de los jueces y de los tribunales, porque la Constitución es la que legitima democráticamente al juez y la que lo coloca al mismo nivel de los demás poderes. Añadió que el descontento por la actuación de los tribunales en casos concretos «a veces trasciende el ejercicio del derecho a la crítica para cuestionar la legitimidad democrática de nuestro modelo». Dívar se refirió así a las acusaciones de politización contra el Supremo por los procesos a Garzón. Además, advirtió al Gobierno de que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña reconoce al Consejo del Poder Judicial como «único órgano de gobierno de los jueces» y pidió prudencia para acometer la futura reforma de la ley que encomendará la instrucción a los fiscales. El fiscal general exigió «la confianza y el apoyo unánimes de los demócratas honestos» a la lucha de la corrupción. Pumpido dijo que la corrupción «no se vincula a una u otra formación política». «Que nadie tema que su causa sea olvidada; que nadie espere una ventaja o un privilegio», dijo parafraseando al Rey. Según la memoria de la Fiscalía, los delitos subieron un 1,5% en 2009, el menor aumento en cuatro años. Disminuyeron los delitos de robo, lesiones, agresiones sexuales y subieron los homicidios y asesinatos, los impagos de pensiones y las violaciones de los derechos de los trabajadores. La memoria advierte de un elevado riesgo de atentado, aunque este tipo de delitos cayó un 60 por ciento. El fiscal pide que las maltratadas no puedan negarse a declarar en los juicios.